La juez de Oviedo acuerda pedir la imputación de la portavoz del PP en Asturias por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha acordado elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para pedir la imputación por un presunto delito de prevaricación de la portavoz del PP en la Junta del Principado, María Teresa Mallada de Castro , en relación al llamado caso Hulla , según ha adelantado «El Comercio» y ha confirmado ABC en fuentes jurídicas.

La juez asume así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado mes de diciembre solicitó que se iniciaran los trámites para imputar a la aforada en tanto que era miembro de la corporación municipal del Ayuntamiento de Aller que entre 2008 y 2013 aprobó la compra y cesión de unos terrenos a Montepío para la construcción de una residencia de ancianos que fue levantada con una subvención pública de 31 millones de euros, acabó gestionado por una empresa privada y explotado también como hotel.

Conforme recoge el auto de la titular del juzgado, «consta al menos» que Mallada « emitió su voto favorable en sendas sesiones plenarias para la aprobación por unanimidad provisional y definitiva de la cesión gratuita de la finca al Montepio », pese a los «informes desfavorables de la Secretaría Municipal y la Intervención».

Para no dañar la integridad del causa, la jueza acuerda a instancias de Anticorrupción que el TSJ investigue asimismo a todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento que junto a ella participaron de aquella decisión, incluido el alcalde de Aller Gabriel Pérez Villalta , así como los representantes del Montepío, en tanto habrían influido «decisivamente en las acciones y omisiones municipales».

El escrito explicaba que incluso antes de que se propusiera (2008) y aprobase (2009) la subvención de 31 millones de euros que concedió el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras al geriátrico, en la corporación en la que estaba Mallada de Castro ya se había adquirido y cedido gratuitamente la finca principal al Montepío, se habían iniciado los trámites para recalificar el terreno, se había concedido la licencia de construcción «de manera verbal y arbitraria» y se habían iniciado las obras.

Todo, cuando «no fue incoado expediente administrativo alguno para la compra ni para la cesión gratuita de la finca, ni se incorporaron los documentos e informes preceptivos» y «se obviaron inmotivadamente los desfavorables» elaborados por «los funcionarios más cualificados de la corporación», levantando sus salvedades «por unanimidad y amparándose en un supuesto informe externo que lo avalaba» y que Anticorrupción define como «imaginario», ya que « ningún concejal lo vio ni supo explicar autoría, ni si era de naturaleza económica, jurídica, u otra ».

En el caso de Postigo, la Fiscalía le atribuye haberse concertado con otras personas para el desarrollo fraudulento del proyecto de la residencia. Sostiene que ya desde finales de 2007, tenía «la plena seguridad» de que se iba a financiar la residencia con cargo a los fondos mineros, que se haría en terrenos que aún no eran ni suyos ni urbanizables, que no se destinaría a fines benéficos y que el Ayuntamiento de Aller «no pondría obstáculo alguno».