El juez no garantiza la seguridad en los traslados de los diputados secesionistas presos al Parlament
Justifica su negativa a concederles permisos en la capacidad de movilización violenta de sectores radicales independentistas
Ni acercamiento a Barcelona ni posibilidad de acudir a los plenos del Parlamento catalán. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha negado al expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los también presos preventivos Joaquim Forn y Jordi Sànchez la posibilidad de participar en los debates y votaciones de la Cámara autonómica. Les sugiere que, acogiéndose al Reglamento de la Cámara -que prevé la delegación del sufragio por incapacidad (en su caso, legal)-, dejen su voto en manos de otro diputado en aras de que se respete la aritmética parlamentaria que salió de las urnas.
El magistrado, que instruye la causa por rebelión contra el gobierno de Puigdemont y otros dirigentes independentistas, considera que si bien el derecho a la participación política es intrínseco a su condición de diputados, está sujeto a limitaciones que derivan de otros derechos. En este caso, una excarcelación puntual -a través de permisos extraordinarios- sería contraria a la razón que motivó su ingreso en prisión incondicional : el riesgo de reiteración delictiva. Ese riesgo, argumenta el juez, estaba vinculado precisamente al mantenimiento de las funciones de representación que detentaba Junqueras cuando se perpetraron los hechos que se investigan, y por la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse «con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia».
De esta forma, lo que se trataba de evitar con la medida de prisión (evitar que vuelvan a delinquir) «se desactivaría con particular riesgo si los investigados ejercieran su representación política recientemente adquirida (…), porque el comportamiento delictivo que se investiga se ha caracterizado no solo por desatender cuantas órdenes judiciales se les han dirigido, sino por llamar a la ciudadanía a replicar masivamente su desobediencia (...)», sostiene Llarena.
Pese a que Llarena reconoce en el auto que Forn y Sànchez no han solicitado todavía permisos para acudir a los plenos del Parlament, su referencia a ellos en esta resolución (supuestamente relativa solo a Junqueras) parece anticipar cuál va a ser su respuesta a la petición de libertad que ayer formularon el exconsejero de Interior y el expresidente de la ANC , quienes el jueves declararon a petición propia ante Llarena. Ambos renunciaron a la vía unilateral y se comprometieron con el marco constitucional.
Y es precisamente la capacidad de movilizar a las masas de los independentistas presos otra de las patas que sustenta el auto que deniega a Junqueras -y, por extensión, a los otros diputados presos los permisos -«sin perjuicio de que los cursen a la autoridad penitenciaria correspondiente»-.
El juez recuerda que los investigados han impulsado que «importantes sectores de población resistieran o se enfrentaran una nutrida actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». No ha faltado tampoco, añade, «una explícita jactancia de su determinación y perseverancia, así como de no someterse a las normas más básicas de nuestra convivencia», apelando incluso a una «ruptura estructural». A juicio del instructor, muestra de que ese sustrato de riesgo subsiste hoy es el «extendido apoyo social» a los huidos y el hecho de que se hayan impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente la prisión adoptada contra los imputados (los tres citados y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, que no es diputado).
Sin garantías en el traslado
«Con estos precedentes y con estas condiciones actuales, afrontar unas conducciones de salida y retorno del centro penitenciario en fecha y horas determinados, con un punto de destino y de regreso bien conocido» es una opción arriesgada . A juicio del magistrado, no hay garantía de que esos traslados se harán de forma pacífica y de que no habrá perturbaciones (cortes de carreteras, acoso a los agentes que efectuén los traslados u otros disturbios mayores) por parte de quienes apoyan a estos presos de forma incondicional.
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