El juez de Kitchen convoca un careo entre Fernández Díaz y su número dos
Cita como testigo al coronel Diego Pérez de los Cobos, que se encargaba de los fondos reservados en las fechas de la operación
El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón , ha acordado practicar un careo para enfrentar los antagónicos testimonios que ofrecieron como investigados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el contexto de la investigación de la operación Kitchen. Se celebrará el 13 de noviembre.
Según informan a ABC en fuentes jurídicas, además de esta diligencia, ha acordado citar como testigo al ahora coronel Diego Pérez de los Cobos en tanto que en las fechas objeto de la investigación, de 2013 a 2015, estaba al cargo del reparto de los fondos reservados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su condición de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría que comandaba Martínez.
El careo se acuerda después de la declaración el pasado viernes de Fernández Díaz, que a preguntas del juez y su abogado, insistió en que mientras estuvo en su puesto, no supo jamás de ninguna investigación policial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas que no estuviese relacionada con la de Gürtel que llevaba la Audiencia Nacional.
Según afirmó, no tuvo ningún conocimiento de este despliegue que según los investigadores, se habría desarrollado con la intención de sustraer a Bárcenas documentación comprometedora del PP y sus dirigentes que pudiera atesorar a fin de sustraer esos hallazgos a la instrucción judicial. Para la misión, contaron con la colaboración del chófer de la familia, Sergio Ríos, a quien se pagó como confidente con cargo a los fondos reservados.
Fernández Díaz negaba así la mayor después de que Martínez hubiese apuntado que él lo sabía. El ex secretario de Estado aseguró que el propio ministro le había encomendado averiguar algún que otro detalle sobre aquella investigación, como precisamente, si era cierto que el chófer se desempeñaba como confidente. Defendió, eso sí, que se trataba de una investigación policial legal, lícita y necesaria, a la luz de las informaciones en prensa que se publicaban sobre Bárcenas.
Además de esta discrepancia, hay un asunto que enfrenta a los dos. Los investigadores intervinieron a Martínez una batería de SMS y mensajes de whatsapp que él había puesto a recaudo de dos notarios a fin de conservar su contenido. Esos mensajes reflejarían el conocimiento que Fernández Díaz tenía de la operación, por poco que fuera -Martínez sólo concedió haberle trasladado detalles sueltos, no un reporte continuado-.
Pero el ex ministro niega taxativamente la autenticidad de esos textos, asegura que jamás escribió ningún mensaje similar e insiste en que pueden ser una manipulación. Durante su comparecencia, se revisó su teléfono móvil -un terminal nuevo que no es el que usaba en 2013-, pero los investigadores no encontraron rastro de esos mensajes.
Un gestor para arrojar luz sobre los fondos reservados
En cuanto a la citación de Pérez de los Cobos, se trata de una diligencia inevitable dado que la causa se sigue por una malversación de fondos reservados y en aquella época, él era el encargado administrativamente de repartir la asignación a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y recoger la documentación que debía justificar, como está previsto en la normativa, el gasto del periodo anterior.
Su nombre ha salido en las declaraciones en sede judicial sobre este asunto, desde las de los secretarios Generales de la Dirección Adjunta Operativa que repartían el dinero entre las comisarías generales y las jefaturas hasta en las del ministro y su número dos, quienes le sitúan como la persona que podría arrojar luz sobre el pormenor en que se iba aquel dinero, un detalle que ambos niegan haber tenido.
Anticorrupción sospecha que se produjeron "disfunciones" e "irregularidades" en la gestión de estos fondos públicos que permitieron la financiación de una operación como Kitchen y, presuntamente, el enriquecimiento personal e ilícito de mandos policiales.
