El juez imputa a los exjefes de Seguridad de Repsol y Caixabank por los contratos con Villarejo
Reactiva la pieza separada sobre «Wine», el proyecto del comisario para espiar a Luis del Rivero
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido imputar al exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo Bernabé y su homólogo en Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño , ambos comisarios retirados de la Policía, en relación al encargo de ambas compañías al también comisario José Manuel Villarejo, en el llamado 'Proyecto Wine'.
En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez expone que ambas entidades representadas por los dos investigados contrataron al grupo empresarial de Villarejo que gestionaba su socio Rafael Redondo, el Grupo Cenyt, para « s alvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF para tomar el control de la compañía».
«El Proyecto 'Wine' nace en el momento en el que Repsol detecta una estrategia de sindicación por parte de uno de sus accionistas, Luis Fernando Del Rivero Asensio (LR, RIO), en esa fecha Presidente de la sociedad Sacyr Vallehermoso (SV), para asociarse con la compañía petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex) con el objetivo de conseguir casi un tercio del total de las acciones de Repsol, para de este modo acceder al control de la petrolera española», explica el juez.
Conforme explica el auto, Repsol detectó la maniobra y con la ayuda de Caixabank, entonces 'la Caixa', « paralizaría de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis Del Rivero retirándolo de la Presidencia de Sacyr, así como a su hijo y a uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez», encargado de la seguridad de la constructora.
La consecuencia, un marcaje a Luis del Rivero, de quien se esperaba una «intención de contraatacar» y por ende, de su esposa; del propio Álvarez, del antiguo director financiero de Repsol, Fernando Ramírez Mazarredo; y de Pemex. Todos estos 'servicios' se habrían desarrollado entre 2011 y la primera mitad de 2012, por lo que Villarejo aún estaba en activo en la policía.
Además de audios y documentación, en esta pieza separada de la macrocausa que investiga al comisario en la Audiencia Nacional, ha aparecido una propuesta de servicios por un precio de 475.000 euros, que ascenderían a 925.000 en caso de que los objetivos llegasen a cumplirse y 675.000 si resultaba fallido.
Asimismo, consta una lista de los medios que Cenyt desplegaría para conseguir ese espionaje, como «un dispositivo de captación activa» de comunicaciones, « doce coches y cinco motos para vigilancia» o equipos de grabación de audio tanto convencionales como de captación en «ambientes hostiles», en la línea habitual de otros proyectos de Villarejo en los que ponía a disposición del «cliente» una cantidad de medios que no se ha llegado a confirmar que utilizase realmente.
Con todo, sí consta un archivo con «un resumen de los contactos personales y telefónicos que ha tenido el principal investigado (por el clan), Luis Fernando De Rivero durante un intervalo temporal de quince días (octubre-noviembre de 2011)».
También un « reflejo del constante acceso y uso de rastreos de llamadas de los principales objetivos », incluido el que era presidente de Sacyr, entre variados indicios, como la acreditación de ingresos y reparto de los mismos por parte de Villarejo y personas de su entorno, como su mujer.
Por todo ello, el juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, cita a los dos jefes de seguridad de ambas compañías en aquellas fechas, a uno de los directivos de ese área en Repsol en aquellas fechas, a Villarejo y a Redondo en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
Asimismo, convoca a Del Rivero para que declare como testigo y perjudicado, igual que a Ramírez Mazarredo y Álvarez Vázquez, principales espiados por el clan.
Además, acuerda pedir a Asuntos Internos que identifiquen si en todo este proceso, Villarejo y los suyos accedieron a bases de datos policiales de carácter restringido para nutrir la investigación del proyecto 'Wine', tal y como detalla el auto.
