Investigación por prevaricación
La juez duda de la versión de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre el coronavirus y el 8-M
Pide que el secretario General de la institución aclare cuándo supo de la epidemia o ratifique que no hubo aviso alguno
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« No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por el COVID-19». Esta es la respuesta que el secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera, dio a la Guardia Civil cuando por orden de la juez que investiga al delegado, José Manuel Franco, preguntó si antes de que el Ejecutivo decretase el estado de alarma, tenían constancia en su departamento de que existían advertencias sobre el avance de la epidemia.
La cuestión no es baladí. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, investiga si Franco cometió prevaricación al no prohibir concentraciones multitudinarias como la marcha feminista del 8 de marzo y, para ello, debe esclarecer si conocía o no el riesgo, si en ese caso se ignoró y qué razones hubo para hacerlo.
Y la juez no está conforme con la respuesta que el secretario general de la Delegación ha proporcionado.
En una nueva providencia dictada este martes, Rodríguez-Medel vuelve a enviar a la Guardia Civil a preguntarle y esta vez, quiere que se retrate. Por un lado, ordena que se le requiera «la primera comunicación, indicación, alerta o noticia que se recibiera por escrito en la Delegación de Gobierno en relación con el Covid-19 procedente de cualquier Administración con anterioridad al 14 de marzo». Por otro, establece que «en caso de que no exista, como parece desprenderse» de su primera respuesta, «el secretario General ratifique que la primera noticia se recibió sólo con la publicación en el BOE » del mencionado decreto de estado de alarma.
La cuestión es que antes de esa fecha, como señala la propia providencia, hubo al menos dos resoluciones que debían notificarse al departamento que dirige Franco . El 6 de marzo, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aprobó dos disposiciones con medidas dirigidas a la actividad de los centros de mayores, hogares, clubes y servicios de convivencia familiar y social, así como sobre actividades formativas en los centros sanitarios. «Resoluciones ambas relativas al Covid-19 que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 7 de marzo de 2020, y cuyos respectivos apartados segundos del Resuelvo ordena ponerlas en conocimiento de la Delegación del Gobierno» , concreta la juez. Requiere al secretario General que diga «cuándo se recibieron» esas resoluciones, «debiendo especificar si ratifica», de nuevo, en línea con su primera contestación, «que se recibió después del día 14 de marzo».
Misma exposición hace sobre las «Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus Covid-19» que había aprobado el 5 de marzo la Consejería de Sanidad autonómica. Quiere saber si se recibió aquel documento y cuándo y, si no, que quede constancia.
Hasta el 30 de abril
Además, solicita que aporte copia de «cualquier recomendación, instrucción u orden dada» por el propio Franco «al personal a su cargo» en relación al Covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2020, y tiene de plazo para aportar esta y el resto de documental solicitada hasta el 30 de abril a las dos de la tarde, cuando la Policía Judicial que elabora el atestado comenzará a analizarla.
La causa se abrió a partir de la denuncia de un particular, Víctor Valladares, e inicialmente investigaba a Franco por un delito de lesiones por imprudencia ya que la jueza tenía «serias dudas» de que encajase en este asunto el tipo penal de prevaricación administrativa en solitario.
Sin embargo, el pasado domingo cambió de parecer. Descartó la primera línea de investigación tras recibir la pericial forense que había pedido y cuya conclusión es que no existe una «relación causal» entre la celebración del 8-M y los contagios, según informaron en fuentes jurídicas. Decidió así que esa falta de causalidad hacía inviable atribuir al delegado del Gobierno las lesiones por imprudencia por no haber impedido las manifestaciones, pero siguió adelante con el posible delito de prevaricación, que a diferencia del otro, no está tipificado con penas de prisión.
Entre tanto, el denunciante presentó un escrito al juzgado para reclamar esos detalles, pues a diferencia de lo que ha ocurrido con la providencia que reclama la documentación a la Delegación del Gobierno , de la anterior no le informaron. Pide en particular el informe forense para conocer quién y con qué fuentes y criterios lo ha elaborado «en menos de un mes» y bajo estado de alarma, que restringe las actuaciones judiciales a la mínima expresión.
De hecho, la propia juez, en el auto por el que abrió la investigación, recordó tanto a la Policía Judicial como al forense y a la Fiscalía que por no tratarse de diligencias urgentes, podían no actuar hasta levantadas las restricciones . El forense ya ha presentado informe y la Guardia Civil ha realizado una primera aproximación al atestado que ahora debe complementar con los nuevos requerimientos.
La Fiscalía, entretanto, no se ha pronunciado. No informó de la apertura del procedimiento y de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, de las dos providencias que se han dictado desde aquel 23 de marzo, no se les ha dado siquiera traslado .
