La juez cree que el máster de Casado fue un «regalo»
Pide al Supremo que le impute y ve indicios de cohecho impropio y prevaricación administrativa
El líder del PP niega irregularidades e insiste en que no recibió trato de favor ni su título es «habilitante»
La juez Carmen Rodríguez-Medel dio ayer el paso definitivo en el llamado «caso Máster» al enviar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que siga la investigación sobre el título que obtuvo el líder del PP, Pablo Casado. La magistrada aprecia indicios de prevaricación administrativa y de cohecho impropio , y pide al Alto Tribunal que le impute. Considera que Casado recibió un «regalo», un título arbitrario , y que tuvo una participación activa para lograrlo y previa a dicho título.
Por ello, y dado que es aforado, pide a la Sala Segunda que acuerde continuar el proceso y solicita: tomarle declaración como investigado, requerirle la documentación que conserve del máster, así como el ordenador portátil antiguo en el que, según explicó el propio Casado, había archivado los trabajos que presentó. La magistrada quiere que la Policía Judicial indague sobre la antigüedad de los documentos informáticos guardados y determine si se han modificado a raíz de que se destapara el caso en abril. Lo previsible es que el Tribunal Supremo se pronuncie y dé una respuesta en septiembre.
La respuesta de Casado no se hizo esperar, y el líder del PP convocó una rueda de prensa para valorar el nuevo paso judicial en el caso de su máster, relativo al curso 2008-2009. Su argumento principal, en el que insistió, es que no obtuvo ninguna titulación como resultado de la realización del curso, porque este «no es habilitante», sino que, según su tesis, sirvió para otorgarle el derecho de inscribir una tesis doctoral , cosa que al final no hizo.
Casado explicó que había realizado el curso en Derecho Local y Autonómico durante los años de adaptación de la legislación española al Plan Bolonia. «No tengo ningún título que pueda colgar en la pared y no se puede tratar de regalo algo que no se tiene» , manifestó. También recordó el presidente del PP que desde que se conoció la polémica ha colaborado con la Justicia y que hizo «todo lo que se le pidió».
Grupo de elegidos
« No he recibido ningún regalo ni nada que no se hiciera con el resto de alumnos. Y si algún profesor indicó a algún alumno algo que no le indicó al resto, tendrá que explicarlo él». El líder del PP insistió en que no se había cometido ninguna irregularidad y que «en todo caso, estarían prescritas».
Las palabras de Casado trataron de dar réplica a los argumentos sostenidos por la juez a lo largo de 54 páginas. Parte de que el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde ha utilizado el «Máster en Derecho Autonómico y Local» de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) como un «regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación sin mérito académico alguno». El grupo de elegidos tenía una posición relevante «en el ámbito político, institucional» o mantenía vínculos de amistad o profesionales con él . Mientras el resto de alumnos cursaba el máster con normalidad, los escogidos lograban el título con una misma técnica: se les reconocían de manera lícita 40 créditos y se les calificaban los 20 restantes (cuatro asignaturas) «sin actividad académica alguna». Entre los cuatro alumnos favorecidos, estaría Casado. Sus tres compañeras ya están imputadas.
El escrito detalla que esos 20 créditos en liza se obtienen a cambio de nada: el grupo elegido no hace ni trabajo ni examen ni asiste a clase ni a ninguna actividad académica que justifique la calificación y esta es arbitraria . Los alumnos recogen el título o lo usan «a sabiendas de que no obedece a mérito académico alguno». Tres de las cuatro asignaturas para completar esos 20 créditos las imparte Álvarez Conde; la cuarta, su discípula.
Tres fases
La magistrada explica las tres fases hasta obtener el título e incide en que los que no formaban parte del grupo VIP «desarrollaban una intensa actividad académica»: el máster era presencial y el modo de calificación incluía la participación en clase o la realización de prácticas. Uno de los alumnos no beneficiados declaró que tenía que comer en el Metro porque la asistencia era obligatoria . Los escogidos, según los indicios, «no acudieronnunca a clase»; pese a ello tienen sobresaliente. El resto, alguno, pero predominan los notables y aptos.
Las compañeras de Casado que han declarado «no conservan ninguno de los trabajos presentados para ser calificados ni documentación que evidencie que los remitieran. Una de ellas reconoció que no hizo «mérito alguno» para ser calificada y obtener el título.
La juez aborda la prevaricación administrativa desde una doble perspectiva: por la calificación de la asignatura sin mérito académico y la posibilidad de que sea imputable al alumno. «Para ser cooperador de un delito de prevaricación no hace falta saber derecho administrativo (...) basta ser consciente de que se está participando en una decisión arbitraria», expone recogiendo una sentencia del Supremo . Considera la juez que de modo indiciario la conducta de Casado sería la de cooperación necesaria en la prevaricación administrativa (igual que sus tres compañeras) porque: se matriculan en el máster y pagan las tasas, condición para recibir el título; aportan su expediente académico; solicitan el reconocimiento de créditos, preceptivo y a instancias del alumno; y aceptan el título (algunas de sus compañeras lo recogen y él lo usa en su currículum, tal y como se recoge en la web del Congreso).
Poco habitual
La magistrada cree que la conducta se encuadra en un cohecho impropio: el hecho de «recibir como regalo una titulación de máster» . Admite que es un cohecho poco habitual, pues lo normal es que este delito se refiera a dinero, no a titulaciones, pero no deja de ser una «prebenda» porque reporta un beneficio (reputacional, académico, da acceso a la fase de investigación...). La naturaleza del regalo (una titulación académica) «exige una participación activa del sujeto que lo recibe», dice la juez, y que esta participación sea anterior a obtener la dádiva: matricularse, pagar, aportar el expediente y pedir la convalidación, para «dar una apariencia de legitimidad» al título. La juez considera que la prevaricación, el delito más grave, evita la prescricpción del caso.
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