El juez confirma la imputación de Francisco González por administración desleal del BBVA con Villarejo
Volverá a citarle a declarar por un informe de valoración de una finca adquirida a título personal
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha confirmado que el expresidente del BBVA Francisco González tendrá que responder también por un presunto delito de administración desleal en relación a los contratos de la entidad con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
García Castellón amplió el pasado julio las imputaciones contra González añadiendo este delito a partir de uno de los encargos del banco a Villarejo, que habría consistido en realizar una serie de gestiones en torno a una finca que él iba a adquirir a título particular en torno a los años 2013 y 2014. Aquel auto fue recurrido en reforma por la defensa de FG, que alegaba, entre otros argumentos, que no había precisión en los hechos que se le atribuían , que la investigación cobraba un cariz prospectivo , que en todo caso no habría sido una conducta delictiva y que de serlo, habría prescito.
En un auto notificado este miércoles, el juez desestimaba punto por punto todos los argumentos, para empezar, porque «no se puede obviar» que el supuesto encargo se investiga en el contexto de diez años de contratos entre el BBVA y las empresas de Villarejo y este, sufragado igualmente con «fondos sociales» del banco, habría tenido fines particulares. Concluye por ello que «no tiene carácter prospectivo el interrogatorio a propósito de tales encargos».
En cuanto a la prescripción, el juez recuerda que esta fase de la investigación es «embrionaria» y que habida cuenta que después de 2014 hubo más encargos a Villarejo y «en este momento no es posible acotar temporalmente los servicios interesados» por FG, se hace «esencial» tomarle declaración por este asunto para completar el relato de los hechos. Hasta entonces, no se puede analizar si han prescrito.
Por último, el juez concluye que no hace falta que medie una denuncia de un perjudicado en este supuesto encargo concreto para que se pueda investigar porque «el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta de modo directo a los intereses generales» de su «multitud de accionistas» así como al «interés general» por ser uno de los mayores bancos del país.
