El juez del caso Pegasus acepta a la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege como acusación
Para poder personarse la entidad tiene que abonar previamente 10.000 euros como fianza
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la personación de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege como acusación popular en la causa que investiga la interceptación de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres ministros. La asociación ahora tiene que pagar una fianza de 10.000 euros .
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, no se opuso a esta personación, siempre que Pro Lege cumpliera con dos requisitos. Por un lado, que presentaran una querella en el juzgado y, por otro, que previamente pagaran una fianza.
En el auto conocido hoy, el juez Calama analiza la doctrina del Tribunal Supremo y concluye que no es necesario que la asociación presente una querella ya que las actuaciones, aunque están en un estado muy embrionario , se encuentran ya en trámite. En el caso de la fianza, el magistrado sí la considera oportuna de acuerdo con la doctrina con el fin de evitar el abuso o uso fraudulento de esta figura procesal.
El juez rechazó a la Generalitat como acusación
Por ello, una vez que la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege abone los 10.000 euros se convertirá en la única acusación popular personada en la causa. Al inicio de la investigación, la Generalitat de Cataluña solicitó también ejercer la acusación popular, pero el juez rechazó sus pretensiones por entender que un organismo público no está legitimado para desplegar ese rol dentro de una causa penal, atendiendo a la legislación y la jurisprudencia al respecto.
Hace diez días, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, alzó el secreto de la investigación que sigue por el espionaje con el software Pegasus a varios miembros del Gobierno y ha citado como testigo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños el próximo 5 de julio.
El levantamiento del secreto se produjo después de que tomara declaración como testigos a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de este organismo encargado de elaborar los informes sobre la infección con Pegasus y ampliara la comisión rogatoria cursada a Israel a fin de solicitar que una comisión judicial se desplace al país e interrogue al CEO de la empresa fabricante del software, NSO Group.
Las pesquisas arrancaron con una denuncia de la Abogacía del Estado, que el pasado 2 de mayo puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ; como la ministra de Defensa, Margarita Robles; habían sufrido infecciones con Pegasus en las que se les habían sustraído distintas cantidades de información de sus teléfonos móviles.
Apenas diez días después, los servicios jurídicos del Estado ampliaron aquella primera denuncia para incluir también los casos del titular de Interior, Fernando-Grande Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas, que habían sido igualmente víctimas del espionaje con la herramienta de fabricación israelí.
Noticias relacionadas
