El juez del caso Gali investigará durante seis meses más esta operación clandestina del Gobierno de Sánchez
El magistrado mantiene viva la causa, después de que la Audiencia de Zaragoza exculpara provisionalmente a la exministra Arancha González Laya
La investigación judicial por el caso Gali se mantendrá viva durante, al menos, seis meses más. Así lo ha decidido el juez instructor, el magistrado zaragozano Rafael Lasala. Lo ha hecho después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza, a petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía , decidiera el sobreseimiento provisional de la imputación penal que pesaba sobre la exministra Arancha González Laya. Pero ese sobreseimiento no es un carpetazo definitivo; si aparecen más pruebas incriminatorias, se reactivarían las imputaciones. Y el juez Lasala considera que las diligencias de investigación que hay pendientes obligan a mantener las pesquisas, dada su complejidad.
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Dado que uno de los delitos que se investiga es el de encubrimiento, y prescribe a los tres lustros, todavía hay 14 años por delante para poder reactivar las imputaciones por esta operación clandestina que desplegó el Gobierno en abril de 2021 , para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario , el saharaui Brahim Gali, y curarlo de Covid en el hospital público de Logroño. Ahora, la decisión del juez Lasala, de momento, declara compleja esta causa judicial. Y, tal y como contempla el ordenamiento jurídico español, eso permitirá ampliar las diligencias por seis meses más, una vez que se ha cumplido el plazo ordinario de un año que rige, con carácter general, para cualquier instrucción.
Estas diligencias penales las abrió Lasala el 31 de mayo de 2021, mes y medio después de que el Gobierno introdujera clandestinamente en España a Gali de acuerdo con las autoridades argelinas, que protegen al saharaui, enemigo declarado de Marruecos. Esa acogida furtiva de Gali en España desencadenó una severa crisis diplomática entre España y Marruecos. Pero un año después, el pasado abril, Sánchez dio un volantazo radical, se desmarcó del Frente Polisario y de Argelia, y se alineó con las tesis de Marruecos sobre el antiguo Sáhara Español, lo que ha irritado a Gali y los suyos.
Ahora, el juez Lasala quiere profundizar en el presunto delito de falsedad documental, que también forma parte de sus investigaciones. Y en las conexiones que éste puede tener con el de prevaricación. Está por ver si estas nuevas diligencias de investigación permiten aflorar nuevos datos que consigan reactivar las indagaciones respecto a esos delitos. Hay que tener en cuenta que Laya estaba imputada precisamente por el delito de prevaricación, además de por el de encubrimiento.
«Podría derivar carga incriminatoria»
El juez Lasala firmó el pasado 31 de mayo el auto para prorrogar por seis meses más las investigaciones. Ese auto, al que ha tenido acceso ABC, acaba de ser notificado a las partes. «Del resultado de las diligencias ya acordadas podría derivar una carga incriminatoria contra alguna persona , razón por la que la declaración de complejidad de la causa se convierte en un presupuesto imprescindible», afirma el magistrado en su auto. En él subraya que están pendientes dos diligencias de investigación que entiende de especial relevancia: información reclamada a la Delegación del Frente Polisario en España, por un lado; y la toma de declaración a Luali Brahim, el hijo de Gali que lo acompañó en su entrada en España y que portaba el pasaporte falso con el que el líder del Polisario fue registrado en el hospital de Logroño, bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche , un supuesto embajador argelino jubilado.
El magistrado advierte que, del resultado que arrojen esas diligencias de investigación en curso, «podrían derivarse nuevas declaraciones o el requerimiento de otras documentales y/o informes a fin de obtener elementos de prueba sobre la posible falsedad y prevaricación investigadas».
El juez Lasala apreció indicios de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental en esa operación clandestina activada por el Gobierno de Sánchez y ejecutada desde la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la participación activa del Estado Mayor del Aire. Gali fue introducido de tapadillo por la Base Aérea de Zaragoza, sin ser sometido a los preceptivos controles de pasaportes y fronteras. Al no quedar constancia su entrada, sorteaba a la Audiencia Nacional, que llevaba tiempo tras él, investigado por presuntos crímenes. El último requerimiento de localización de Gali que emitió la Audiencia Nacional fue cursado solo cinco días antes de que entrara furtivamente en España a través de la Base militar de Zaragoza.
