El juez archiva la causa contra uno de los dos exediles del PP de Palma detenidos la pasada semana
El magistrado investiga presuntas irregularidades, durante el pasado mandato, en la adjudicación del servicio que controla el aparcamiento regulado en la capital balear
El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva , ha sobreseído este martes la causa abierta el pasado 17 de octubre contra la exconcejal de Función Pública del Ayuntamiento de Palma, la popular Irene San Gil . La expolítica local fue arrestada aquel día en relación a la investigación puesta en marcha por la adjudicación presuntamente irregular del servicio de la ORA en el consistorio palmesano. Tras ser interrogada en la Jefatura Provincial de la Policía Nacional, San Gil había quedado en libertad la misma jornada en que fue arrestada. Una semana después, el magistrado ha tomado ahora la decisión de archivar la causa contra San Gil después de haberle tomado declaración esta mañana.
Cabe recordar que esta investigación, denominada «Operación Sancus», se inició hace ocho días, con la detención de 13 personas, entre ellas el exconcejal de Movilidad, el popular Gabriel Vallejo, la propia San Gil y nueve funcionarios municipales. Posteriormente, el pasado jueves el magistrado decretó prisión sin fianza para el jefe del departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Miquel Femenía , y para el empresario Antoni Roig .
El juez Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigan presuntas irregularidades en la última adjudicación del servicio de la ORA, que tuvo lugar en 2013. Dicho servicio controla el aparcamiento regulado en la capital balear. El magistrado y el fiscal quieren descubrir si se habría podido producir un presunto desvío de fondos públicos en este caso. La gestión del servicio de la ORA fue otorgada hace tres años a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que presentó la oferta más cara. Dicha UTE está conformada por las empresas Dornier, Roig y Api.
Niega comisiones
Los exediles Vallejo y San Gil formaron parte del equipo que en el pasado mandato gobernó en la corporación palmesana con el popular Mateo Isern como alcalde. En la presente legislatura, el alcalde es ahora el socialista José Hila , gracias al acuerdo suscrito el pasado año entre el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear.
Vallejo quedó en libertad con cargos el pasado miércoles, tras declarar ante la Policía. Su condición procesal no varió dos días después, tras comparecer ante el juez en calidad de investigado, equivalente a imputado. En cualquier caso, Vallejo negó cualquier posible irregularidad en su actuación . Por su parte, las dos personas que ingresaron en prisión se habrían desvinculado también por completo de cualquier decisión contraria a la ley.
En ese contexto, cabe recordar que el diputado regional y concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma Álvaro Gijón negó el pasado jueves, de manera «rotunda», haber recibido algún tipo de comisión por la adjudicación del citado servicio municipal de la ORA. Gijón también había formado parte del equipo de Isern en el pasado mandato.
Gijón desmintió de forma taxativa las afirmaciones de un testigo protegido, quien en declaraciones al canal autonómico IB3 afirmó que escuchó en la sede del PP balear que el propio concejal y quien hace tres años era el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez , habrían recibido un total de 1,5 millones de euros de comisión, además del regalo de un piso, que sería la casa en la que reside ahora Gijón. Rodríguez también negó la posible veracidad de ese testimonio.
Secreto de sumario
Para intentar demostrar su nula relación con este asunto, Gijón pidió el pasado viernes poder declarar de manera voluntaria ante el juez. Ese mismo día presentó además ante el magistrado la escritura de su piso, que habría adquirido en 2000 a una sociedad de su propia familia. El edil también aportó una nota registral que detalla que dicha vivienda se financió a través de un crédito hipotecario. Asimismo, entregó sus declaraciones de la renta de los últimos cinco años y los extractos bancarios de su cuenta personal.
La «Operación Sancus», que está bajo secreto de sumario, se está instruyendo como una pieza separada de la causa en la que desde 2013 se investiga una presunta trama de corrupción en el seno de la Policía Local. Dicha trama incluiría la manipulación de unas oposiciones en la jefatura del cuerpo y la recurrente extorsión a diversos empresarios de locales de ocio de la Playa de Palma, con la connivencia de altos cargos locales del PP.
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