Los jueces ven «reveladores» los insultos de los socios de Sánchez: «Quieren dinamitar el Poder Judicial»

La toma en consideración de la reforma que pretende limitar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial sirvió ayer como plataforma para un vapuleo a la carrera judicial que, si bien tenía precedentes en las redes sociales por parte de los líderes de Podemos, no había sido tan evidente nunca en la Cámara Baja . Y todo, con la anuencia de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, del Grupo Socialista, impulsor con Unidas Podemos de esa proposición de ley, y del propio Gobierno, del que forman parte nada menos que tres ministros togados: Margarita Robles, Juan Carlos Campo y Fernando Grande-Marlaska. Ninguno de ellos estaba ayer en el hemiciclo.

Vocales del Consejo, asociaciones judiciales y organismos internacionales ya habían alertado de las peligrosas consecuencias que, aun edulcorada respecto a la inicial -que pretendía rebajar las mayorías en la elección de los vocales jueces -, esta reforma tiene sobre el Poder Judicial por la injerencia que supone en el órgano de gobierno de los jueces. Pero lo de ayer ha supuesto un salto cualitativo en este asalto a la justicia por cuanto pone de manifiesto qué concepto tienen de la carrera los socios de Gobierno de Sánchez. «Quieren dinamitar el Poder Judicial», señalan desde el CGPJ.

Y es que los insultos y descalificaciones no han pasado por alto en el órgano de gobierno de los jueces, que si ya iban a abordar la polémica reforma en el Pleno previsto para mañana, ahora también se plantean tratarlo en la Comisión Permanente (el núcleo duro del Consejo) de este miércoles. No sería la primera vez que lo hacen, pues hasta en tres ocasiones desde este mes de enero el CGPJ ha tenido que dar un toque de atención al líder de Podemos, Pablo Iglesias , por comentarios en Twitter. Cuánto más se merece una respuesta contundente este caso, señalan, en el que Jaume Asens llevó estas descalificaciones a la tribuna del Congreso y en el que el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, acusó de prevaricadores a los dieciséis miembros de la carrera judicial (de distintas sensibilidades además) por tomar la decisión unánime de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui por el caso Bateragune.

Para el vocal del Consejo José María Macías , lo que sucedió ayer «fue revelador del carácter de quienes impulsan la la retahíla de descalificaciones e insultos dirigidos contra el poder judicial en general, y contra muchos jueces en particular, aprovechando la impunidad de la tribuna parlamentaria, abusando de la incapacidad para defenderse de los insultados». En declaraciones a ABC, Macías señala que revela «la mezquindad, la cobardía y, desde luego, también las intenciones de quienes parecen no tener reparo alguno en violar cualquier límite ético . Ni la inmunidad parlamentaria ni la democracia se pensaron para eso«, dice.

Pero, a su juicio, fue aún mucho más revelador que entre los que asumieron ese comportamiento se incluya uno de los grupos autores de la iniciativa legislativa: Podemos, lo que «permite identificar de manera muy clara cuál es el objetivo real de la medida y el grave peligro que supone para el derecho fundamental de los ciudadanos españoles a contar con una justicia independiente».

«Creo -dice- que cuando por fin la iniciativa sea conocida en la Unión Europea y en el Consejo de Europa, el texto tendría que acompañarse de las palabras pronunciadas ayer por el portavoz de uno de los grupos que la ha presentado (Asens). Así podrán comprobar esas instituciones hasta qué punto se respetan sus recomendaciones cuando exigen a los poderes públicos abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto».

De forma parecida opina el presidente de la asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar. «Más allá de los exabruptos y el profundo desconocimiento de la carrera judicial (con una edad media de 48 años e integrada por un 54 por ciento de mujeres) que evidencian esas manifestaciones, consentidas increíblemente por la presidenta de la Cámara (Meritxell Batet), lo que ponen de relieve es la falta de argumentos que se trata de disfrazar con insultos, descalificaciones, y lo que es más grave, la ínfima calidad democrática de quien los profiere».

A su juicio, se pretende, por un lado, trasladar a las instituciones «el debate barriobajero de la calle, donde siempre triunfa la ley del más fuerte, y de ahí las descalificaciones tabernarias que estamos escuchando«. Y de otro, se quieren «socavar los órganos y controles que garantizan el correcto funcionamiento de nuestra democracia». «Parece que no quieren entender -dice en declaraciones a ABC, que la separación de poderes y la sujeción de todos a la Constitución y a la ley son los pilares sobre los que se apoya nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. O quizá sea porque no creen en esos principios».

Para la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, «el espectáculo que vivimos es muy llamativo de lo que está sucediendo en este país. Los diputados y senadores tienen la obligación de elegir a los representantes de este país y estoy seguro de que no saben ni qué personas se postulan ni han mirado sus expedientes», dice el portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero. «Llevan dos años mirando cómo el gobierno está interviniendo en este proceso arrebatando a diputados y senadores competencias constitucionales y nadie dice nada. Y el problema es que los jueces son los enemigos de la democracia y de los ciudadanos», señala con ironía.

A su juicio, «estamos asistiendo a una lucha descarnada de rapiña entre los partidos por mantener o intentar mantener su cuota de poder en lo que ellos creen que les da vía para influir en los nombramientos discrecionales de la carrera judicial. Y punto. Una guerra descarnada por los despojos de un sistema que está en descomposición». Opina que la única salida es cambiar ese sistema, «y cambiarlo además en la línea de lo que nos están exigiendo desde las instituciones europeas»: un sistema en el que los jueces sean elegidos por ellos mismos.

Para Fernández Vaquero, lo que sucedió ayer en el Congreso «es una grave violación de los derechos humanos de los ciudadanos por parte de nuestros representantes políticos, que son los diputados«. En este sentido recuerda que la comisaria europea de Derechos Humanos ya ha dicho que cualquier miembro del Ejecutivo o Legislativo que ataca a jueces por resoluciones judiciales que han dictado, hace declaraciones de las que se deduce que está dispuesto a no acatar decisiones de los Tribunales o genera una sombra de sospecha sobre todo el sistema judicial lo que está haciendo realmente es minar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y afectar a su independencia. «Atacar a un poder independiente es eliminar garantías de protección de los derechos fundamentales de las personas y técnicamente es un ataque a los derechos humanos», concluye.

Desde Foro Judicial Independiente, su portavoz, Concepción Rodríguez, asegura que lo sucedido ayer en el Congreso revela "una falta de respeto institucional". "En el día de ayer se escucharon descalificaciones carentes del más mínimo fundamento y sustento impropias de un representante del pueblo español" , señala en declaraciones a ABC. "Nosotros no podemos más que reafirmar nuestro compromiso de fidelidad con la Constitución y recordar nuestra obligación garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".