Lo que los jueces no pueden hacer

Juan Pedro Yllanes, el magistrado que encabezará el 20-D la lista de Podemos por Baleares, es un claro ejemplo del fenómeno de las puertas giratorias con el que partidos como Ciudadanos quieren acabar. El juez que iba a formar parte del Tribunal que juzgará a la Infanta el próximo mes de enero solicitó el viernes pasado al Consejo General del Poder Judicial su excedencia voluntaria para poder concurrir a estos comicios. Pocas dudas hay de que si el día de mañana Yllanes decidiera volver a la actividad jurisdiccional estaría en el punto de mira de una sociedad que valora la apariencia de imparcialidad. Y podrá hacerlo, como antes que él lo han hecho decenas de compañeros.

Los ciudadanos ya están acostumbrados a un trasiego justicia-política, política-justicia, que lejos de establecer un paréntesis en la actividad del juez que se mete a político, encima le premia: Hace apenas dos años se reformó el sistema, bajo la excusa de «mejoras técnicas», para facilitar todavía más lo que ya se conoce como «revolving door»: los años en que un juez ha estado ocupando un puesto político se computan como antigüedad efectiva , lo que los demás miembros de la carrera no acaban de ver con buenos ojos.

Estar en activo no es la única prohibición o incompatibilidad que rige en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El cargo de juez o magistrado es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función ajena a la del Poder Judicial; con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado , comunidades autónomas, provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de ellos; con los empleos o cargos retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, comunidades autónomas, provincias, municipios y cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unos u otras. También con empleos de toda clase en los juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional ; con toda profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella; con el ejercicio de la abogacía y de la procuraduría o con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.

La Ley del Poder Judicial también considera incompatible con la judicatura el ejercicio de toda actividad mercantil y con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.

El legislador también ha tenido en cuenta los posibles vínculos afectivos entre miembros de este colectivo o de estos con otros profesionales de la Administración de Justicia. Así, no podrán formar parte de la misma sala de justicia, la misma Sala de Gobierno, Audiencia o Tribunal Superior de Justicia que ellos ni podrán intervenir en la resolución de recursos y en órganos donde ejerzan como abogado o procurador determinados familiares.

Junto con las incompatibilidades, la ley establece una serie de prohibiciones para los jueces y magistrados: no podrán dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicas o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco tomar parte en las elecciones legislativas o locales más allá de emitir su voto personal.