Jueces contra el fraude

El Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Tributaria firmarán en las próximas semanas un convenio de colaboración en materia de formación, investigación y publicaciones para la realización de actividades conjuntas que permitan hacer frente de forma más eficaz a los mecanismos de fraude cada vez más complejos y a la delincuencia de trasfondo económico.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante la inauguración del curso de formación «Macroprocesos y delitos contra la corrupción» que se desarrollará hasta el próximo miércoles en la sede del Servicio de Formación Continua del órgano de gobierno de los jueces y que dirige el que fue juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

La colaboración de la Agencia Tributaria y la Administración de Justicia en la lucha contra el fraude, materializada en actuaciones de auxilio judicial , desarrollo de investigaciones de carácter patrimonial y cesión de información tributaria en los supuestos previstos legalmente, ha puesto de manifiesto una creciente necesidad de formación en estas materias , a la que se pretende dar respuesta con el convenio, informan fuentes del Consejo.

Así, el acuerdo prevé la organización y realización conjunta de seminarios, jornadas y cursos, con la asistencia también conjunta de jueces y magistrados y del personal del grupo A1 adscrito a la Agencia Tributaria ; la realización de investigaciones y publicaciones y estancias de estudio por parte de funcionarios de ambas instituciones.

Ya en noviembre de 2015, todos los jueces decanos de España pusieron de manifiesto que es «indispensable» la formación, incremento y modernización de los grupos especiales dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera. En este contexto una de las propuestas que salió de su XXV encuentro en Vigo fue la de crear un grupo de peritos contables exclusivamente al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse ordinariamente por los jueces. «Se trata de una medida fundamental de asesoramiento a los jueces, expertos en Derecho, no en contabilidad o economía». A su juicio, también hay que fomentar la colaboración con Justicia de los inspectores de Hacienda, del Banco de España o de Patrimonio, y de los funcionarios de la Intervención General del Estado.