La auditora afirma que alertó a Podemos de las «irregularidades»
Testifica que escribió a Iglesias y que el partido obstaculizó su investigación interna
La que fuera responsable de Cumplimiento Normativo en Podemos hasta su cese en diciembre de 2019, Mónica Carmona , declaró ayer ante el juez que investiga al partido por financiación ilegal, entre otros delitos, que avisó a la cúpula de que había detectado «irregularidades», pero en lugar de tomar medidas, la despidieron.
Carmona prestó declaración por videoconferencia desde Barcelona durante algo más de cuatro horas y vino a ratificar el grueso de los hechos presuntamente delictivos denunciados en su día por el también despedido José Manuel Calvente. Ambos comparten la tesis de que fueron objeto de una purga por estar investigando irregularidades internas que les revelaban en privado personas del partido por miedo a represalias.
Según informaron en fuentes jurídicas a ABC, Carmona contó al juez que cuando supo que iba a ser despedida, envió un mensaje de Telegram al ahora vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias avisándole de la situación, pero aunque la aplicación le indicó que lo había leído, no obtuvo respuesta. También declaró haber enviado una carta al Consejo Ciudadano detallando sus hallazgos y las consecuencias que quedó igualmente sin responder. No aportó, en todo caso, ni el chat ni documentación acreditativa de ninguna de sus afirmaciones, aunque lo hará si lo pide el juez, tal y como afirmó.
Con todo, ratificó, punto por punto, la denuncia de Calvente: «Si él lo dijo, sería verdad», llegó a afirmar en varios momentos del interrogatorio.
«Investigación sigilosa»
Mencionó, además, que en el chat del equipo de Cumplimiento Normativo sí habría quedado evidencia tanto de que ella estaba investigando como de que en la Ejecutiva del partido estaban al tanto. Vox, personada como acusación popular, quiere que ese material se incorpore a la causa. Para Podemos, el hecho de que Carmona no los trasladase ayer al Juzgado indica que carece de pruebas.
En este sentido, la defensa cuestionó que no tuviese documentada la investigación interna que asegura, estuvo realizando. Carmona aseguró que todo se hizo de forma «sigilosa», primero; para no «delatar» a los miembros del partido, incluso altos cargos, que les ponían sobre aviso y, segundo; para no montar un escándalo que perjudicase al partido en plena carrera electoral. En todo caso, aseguró que cuando en Podemos se supo lo que hacía, se intentó «obstaculizar» la investigación.
Dijo que, con todo, perseveró en las pesquisas porque siendo responsable de Cumplimiento Normativo, si pasaba por alto una irregularidad las consecuencias penales serían para ella, pero finalmente, la despidieron.
El contrato con Neurona
Entre los detalles de la denuncia de Calvente que ratificó está la contratación de la consultora Neurona Comunidad por la que el partido y los gestores de su cuenta electoral están imputados por delito electoral y/o financiación irregular y falsedad.
Según informaron en fuentes jurídicas, detalló que Calvente y ella investigaron por su cuenta esa sociedad y descubrieron que se había creado después de que se elaborase un borrador del que acabaría siendo un contrato con Unidas Podemos por importe de 363.000 euros, el mismo que no pudo la coalición justificar ante el Tribunal de Cuentas. Lo veía irregular, pero no apreció que pudiera tratarse de una maniobra de financiación ilegal del partido, de acuerdo a las mismas fuentes.
De nuevo, apuntó que una persona les informó de aquellas irregularidades, pero no quiso dar su nombre. Según afirmó, todos esos denunciantes anónimos lo merecerían porque no han salido «a dar la cara» ni por ella ni por Calvente , pero aún así, prefiere no «delatar» a nadie. Para la defensa de Podemos, es inadmisible un testimonio de referencia no identificado.
Carmona también se refirió a las sospechas en torno a la licitación de las obras en la sede del partido, que siguen bajo investigación del juez. Las fuentes consultadas indican que a preguntas de la fiscal y de Podemos, incidió en que lo llamativo para ella fue que se adjudicaron sin que se hubiesen aprobado los presupuestos del partido y además, acabó costando el doble del precio inicial que salió a concurso.
Tras su declaración, el próximo 13 de noviembre el juez comenzará a recibir a los imputados.
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