Los investigadores del caso Dina pasaron por alto una foto en su móvil fechada después del robo
Uno de los archivos de las carpetas del teléfono que manejaba Villarejo incluye una imagen de diciembre de 2015
20151208 . Es la numeración que indica la fecha en que fue creado o editado uno de los archivos de imagen que contiene el duplicado del teléfono móvil de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham que obraba en manos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. Y no es baladí: Se supone que en noviembre le habían robado el móvil y que el comisario no tuvo la copia hasta abril de un año después . Sin embargo, ahí está.
Este detalle, revelado este miércoles por El Independiente, pasó desapercibido a los investigadores de la Sección de Ciberamenazas (UCC) de la Comisaría General de Policía Judicial que realizaron el informe sobre los materiales de Bousselham encontrados a Villarejo.
El análisis, al que tuvo acceso este diario, es de marzo de 2019 y ya apuntaba que los pantallazos del móvil de ella que acabaron publicados en prensa y por los que se intuía una «pata mediática» de la organización criminal de Villarejo, estaban en la carpeta «Sent», es decir, «enviados» de una aplicación de mensajería.
Sin embargo, este hecho, que dio un vuelco a la causa porque implicaba que el origen de la filtración pudo ser ella misma y no la cloaca policial , no cobró relevancia hasta un año después de iniciadas las pesquisas. Bousselham en un principio había negado cualquier envío, pero en mayo de 2020 acabó reconociendo que quizá sí compartió alguna de esas imágenes . Ella misma había hecho las capturas de pantalla de conversaciones de chats que mantenía con otros miembros de Podemos, incluido Pablo Iglesias.
Aquel análisis detallaba todos los archivos encontrados por carpetas. En la denominada «Edited» (editado) aparece una lista de imágenes ordenadas por su fecha de creación o edición , habida cuenta del lugar donde figuran guardadas. Ahí es donde aparece ese archivo con fecha de 8 de diciembre de 2015 , sin embargo, la unidad policial lo que extrae como conclusión es que tras analizar los metadatos, esas fotos han sido tomadas con un móvil de la misma marca y modelo que el de Bousselham.
Y Bousselham había denunciado el robo del terminal un mes antes, en noviembre de 2015 en un Ikea de Alcorcón. Lo que ella tardaría todavía meses en saber, es que en enero de 2019, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, había citado a Pablo Iglesias. Le hizo entrega de una tarjeta de almacenamiento para móviles y se la mostró con un lector específico. Había llegado de forma anónima a la revista Interviú y parecía ser la tarjeta del móvil de Dina Bousselham.
Pendientes del Supremo
Este punto nunca se ha llegado a aclarar: en la causa no consta si era efectivamente la suya o un duplicado. Como fuere, los periodistas de Interviú dieron en paralelo una copia del contenido a Villarejo, que lo volcó en su ordenador en abril de 2016 , tal y como detallaron en sucesivos informes los investigadores.
Ellos sostienen que el policía se la pidió, a modo de requerimiento verbal, porque había investigaciones sobre Podemos. El comisario lo que dijo en sede judicial es que dio traslado de esos archivos a su jefe, el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, por si tenían interés policial y no volvió a saber del tema. El exDAO no ha sido llamado a declarar en esta causa.
Esta es otra de esas aristas en esta pieza separada que, como ha venido informando ABC, se parece poco al resto del caso Villarejo. Mientras el comisario y los dos periodistas de Interviú han sido procesados por revelación de secretos -el auto está recurrido y pendiente de que resuelva la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- el resto de los involucrados penden de lo que decida el Tribunal Supremo.
El juez instructor, Manuel García Castellón, envió allí una exposición razonada pidiendo la imputación de Pablo Iglesias por haber ocultado a Bousselham que tenía la tarjeta de su móvil y haber promovido que en los tribunales Podemos insistiese en que el robo y la difusión fueron obra de la cloaca policial, a sabiendas de que la información la podía haber filtrado ella. También planteaba la necesidad de investigar a los abogados del partido y a la propia afectada por falso testimonio, en tanto que sostuvo la misma tesis y aseguró, aunque luego hubo de matizar, que no había enviado ella los pantallazos.
