Interior se desmarca del retorno de menores en la Audiencia Nacional y señala a la Delegación y a Ceuta
Afirma que si hubo vulneración de derechos sería por la actuación administrativa de ambas instituciones y sólo competería al juzgado de la ciudad
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha remitido un escrito a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en el que insiste en que Interior no jugó papel alguno en las repatriaciones de menores a Marruecos y afirma que si hubo vulneraciones de derechos fundamentales, «serán predicables» de la actuación de la Delegación del Gobierno o del Ejecutivo de Ceuta , que no del Ministerio del Interior.
El escrito obedece al último requerimiento de información que envió la Sala de lo Contencioso al departamento de Fernando Grande-Marlaska, objeto de un recurso de la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado por la carta que remitió la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 10 de agosto a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Ciudad autónoma instando en nombre del ministro, a proceder de inmediato a las repatriaciones de menores.
La Sala había dado cinco días de plazo al gabinete para aportar «todo el expediente» sobre la repatriación así como sus objeciones a la admisión a trámite del recurso, tal y como informó ABC. A eso responde ahora el secretario de Estado con un escrito en el que asegura que aquella carta «no es una instrucción», dado que «se limita a poner de manifiesto que el Ministro del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores» al abrigo del convenio de repatriaciones con Marruecos y protegiendo sus derechos.
Entiende que «ninguna de las vulneraciones de derechos que se indican« en el recurso de la ONG »pueden ser imputadas al citado acuerdo« con Marruecos. »Por el contrario, estas posibles vulneraciones de derechos fundamentales serán predicables de las actuaciones administrativas que pudieron llevarse a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta o por la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta al amparo del acuerdo», asegura.
Defiende que aquella misiva es «independiente de las actuaciones administrativas que pudieron llevarse a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta o por la Administración de la Ciudad Autónoma», sobre las que pone el peso de la responsabilidad, si la hay, por la gestión de unos retornos que han sido paralizados por orden judicial en Ceuta después de que se acreditase que no se ajustaban a la ley.
Con esta óptica, el secretario de Estado concluye que «será ante el órgano jurisdiccional que sea competente para conocer de la revisión de esas concretas actuaciones administrativas llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por la Administración de la Ciudad autónoma de Ceuta donde han de plantearse las eventuales infracciones del ordenamiento jurídico que aquellas pudieren comportar». No en la Audiencia Nacional.
La Sección Quinta, no obstante, ya se pronunció sobre su propia competencia y llegó a la conclusión de que le correspondía entender del recurso porque esa carta sí podía considerarse, a priori, una instrucción. No obstante, aún debe estudiar el expediente, que recoge la mencionada carta y toda la serie de comunicaciones en las que Interior avisaba de la repatriación entre otros, a la Fiscalía.
Se trata de un material muy similar al que ya estudió el Juzgado de lo Contencioso de Ceuta y del que dedujo que las repatriaciones debían seguir paralizadas porque no se habían seguido los trámites legales.
La diferencia es que ahora, la institución que está en el foco es directamente el Ministerio del Interior, que insiste en que sólo transmitió un ruego y que fue, además, Exteriores quien llevó la relación con Marruecos para reactivar el acuerdo, es decir: que no tuvo nada que ver en el proceso.
Mientras, Ceuta y el Gobierno central ya han rectificado . Han pactado acatar el auto de aquella juez y seguir intentando retornar a los menores pero no como el fin de semana del 13 de agosto, sino por la vía que marca la ley.
