La inestable posición de Montoro

La anulación de la amnistía fiscal por parte del Tribunal Constitucional sitúa al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una situación muy complicada para seguir desempeñando un cargo de esta naturaleza, ya que el manejo de las cuentas públicas no solo requiere efectividad en los números, sino una absoluta pulcritud desde el punto de vista jurídico y moral. La decisión del TC, adoptada por unanimidad, invalida el decreto que aprobó el Gobierno en 2012 para tratar de aflorar los patrimonios ocultos a los ojos de Hacienda por un defecto de forma. El Constitucional dictamina que un mero decreto no es la vía correcta para legislar sobre principios básicos, como es la obligación de todos a contribuir al sostenimiento del gasto público. Sin embargo, y más allá de la forma, la sentencia también critica el fondo, puesto que la amnistía supone una «abdicación del Estado» en cuanto al cumplimiento de ese deber fundamental, al tiempo que favorece a los defraudadores frente al resto de contribuyentes.

Aunque el PP reconoció ayer el error por boca de su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, el Gobierno respalda al ministro bajo el argumento de que fue una medida a la desesperada para tratar de elevar la recaudación y evitar así el rescate del país, pero la posición de Montoro no es sostenible. En primer lugar porque, sea cual sea el fin del legislador, hay que respetar siempre los límites que fija la Constitución. En segundo término, porque en lugar de promover la amnistía, pudo optar por otro tipo de ajustes muchos más eficaces e inmediatos para reducir el déficit. Y, por último, porque la no asunción de responsabilidades políticas otorga a la oposición nueva artillería política para cargar contra el Gobierno. Todo error, y más si es de este calibre, debe tener consecuencias.