Los indultos se desploman en el segundo mandato de Rajoy
El Gobierno perdonó a 26 condenados en 2017; aunque otorgó 501 indultos en 2012
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La concesión de indultos - una medida de gracia con la que el Gobierno puede anular una condena impuesta por el poder Judicial- se desplomó en los años 2016 y 2017, correspondientes a la segunda legislatura de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. El Gobierno otorgó este «perdón» en 26 ocasiones el año pasado, y en 27 en 2016, unas cifras muy alejadas de tiempos no tan lejanos, como la primera legislatura del propio Rajoy o la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. El socialista batió los registros en 2007, año en el que concedió 521 indultos.
Los indultos otorgados en los dos últimos cursos también fueron mucho menores, en proporción, respecto a los solicitados, según los datos del Ministerio de Justicia , actualizados hasta el consejo de ministros del 22 de diciembre del año pasado. En 2017, cuando se rechazaron 4.344, se concedieron un 0,6 por ciento del total. El año anterior, 2016, un 0,72 por ciento.
Este descenso en la medida de gracia -calificada por sus críticos como un vestigio del pasado- coincide con el debate sobre la modernización de su regulación . El PP ha propuesto que el indulto se prohíba para los condenados por los delitos de rebelión, sedición y traición, una iniciativa adelantada por ABC. El partido presentó una enmienda en el Congreso a la proposición de ley presentada por el PSOE, que busca modificar la normativa vigente, la Ley de Indulto, del año 1870.
Con este cambio, el PP pretende adelantarse a una posible condena a los líderes independentistas catalanes, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por empujar hacia la independencia por las vías ilegales. El Tribunal Supremo investiga el plan independentista y atribuye a los imputados los delitos de rebelión, o sedición, y malversación de caudales públicos. La tentación política de perdonar esa hipotética pena fue promovida por el líder del PSC Miquel Iceta , que prometió pedirlo si se alcanza ese desenlace.
Se intuyen más cambios en la regulación de esta medida excepcional, prevista para perdonar a un condenado por razones de equidad, oportunidad o conveniencia . Su espíritu es que el Ejecutivo tenga la capacidad de corregir una supuesta injusticia generada por una escrupulosa aplicación de la ley. En esa esencia reside a la vez su principal crítica: que la medida difumina la separación entre los poderes.
Los partidos, forzados por el clima social, son partidarios ahora de limitar los casos. La ley no exige rendición de cuentas al Gobierno, que solo debe remitir un informe con los datos al Congreso cada seis meses, una ausencia de explicaciones cuestionada por su opacidad. Solo quedan excluidos de la posibilidad de la medida de gracia, sustenda en informes técnicos, aquellos que no hayan sido condenados por sentencia firme, quienes se encuentren en rebeldía y los reincidentes.
La reforma del PSOE quiere impedir que puedan ser perdonados los condenados por violencia de genero y los cargos públicos condenados por corrupción. El PP apoya esa limitación y la amplía a más supuestos, entre ellos la trata, los delitos contra la libertad sexual o la financiación ilegal de partidos políticos.
Rajoy cerró su primer año como presidente del Gobierno, el 2012, con 501 indultos, un 6,68 por ciento del total. En ese entorno se movió Rodríguez Zapatero durante sus casi ocho años de gobierno. En su pico más alto, 2007, con 521 indultos, el socialista otorgó la medida de gracia en un 11,26 por ciento de los casos.
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