El independentismo convierte TV3 en su última trinchera

En definitiva, la televisión de la Generalitat, en paralelo al impulso independentista, se ha ido empequeñeciendo . Los grupos de la oposición en el Parlamento autonómico, desde el PSC al PP, pasando por Vox, los comunes y Cs, acusan a ERC y Junts de haber convertido TV3 en una televisión solo para secesionistas . La cadena es considerada por estos últimos como una estructura de Estado, nuclear del ADN nacionalista; y por los primeros, el último bastión a batir.

Si alguien cree que TV3 es suya, y solo suya, y ese alguien es nacionalista, no puede comprender que exista pluralidad en esa televisión. El escritor Javier Cercas acudió hace unos días a 'FAQS' —un programa que se emite los sábados y en el que bajo el paraguas del debate se tratan, básicamente, los asuntos que interesan a la agenda independentista— y ahí defendió el papel de Don Juan Carlos en el 23-F de 1981 , golpe de Estado que el Rey desbarató defendiendo la Constitución.

En ese instante el nacionalismo más radical inició un acoso y derribo contra Cercas. Desde diputados autonómicos de Junts hasta periodistas, pasando por todo tipo de tertulianos, le insultaron y aplicaron el modelo de las 'fake news' sacando de contexto unas palabras suyas sobre el Ejército.

Sin alejarnos en el tiempo, también en los últimos días, en 'prime time', TV3 emitió un documental de producción propia para tratar el caso de la presunta corrupción de la familia Pujol Ferrusola . La casi una hora de emisión se puede resumir en que a Jordi Pujol , que tiene a sus siete hijos, su mujer y él mismo acusados en la Audiencia Nacional de pertenecer a una organización criminal, no le gusta el dinero, su caso judicial es cosa de las cloacas del Estado —léase el excomisario Villarejo— y todo el revuelo es culpa de la prensa (de Madrid, se entiende) y de una chapuza de instrucción. TV3, al servicio del blanqueo de Jordi Pujol.

Una prueba de que TV3 es coto privado de los nacionalistas es la medición de los tertulianos y los colaboradores políticos. El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) se dedica a contar el número de ellos y el minutaje de sus intervenciones (cuyo líder absoluto es Pilar Rahola con 12 horas y 18 minutos de cámara solo para ella en seis meses). Pero el CAC confunde el número de tertulianos con la pluralidad, pues una mayoría abrumadora de los que participan en los debates son favorables a las tesis independentistas. Ocurre lo mismo con los entrevistados.

El último informe del CAC relativo al pluralismo político (marzo-agosto de 2020) así lo pone de manifiesto. Sumando los programas 'FAQS', 'Tot es mou' y 'Més 324' se hicieron 87 entrevistas a independentistas y 25 a no independentistas. No parece que se cumpla el equilibrio político al que se debe TV3.

Por si hubiera dudas, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se llevaron el 77,7 por ciento del tiempo que TV3 destinó a las entidades vinculadas al debate político. Y el resto... a otras entidades secesionistas, como Alerta Solidària y la Associació Catalana pels Drets Civils , o nacionalistas, como El País de Demà . Es decir, pleno total.

Pero TV3 también es un negocio. Y muy lucrativo. Lo que no se produce se externaliza. Aunque, eso sí, siempre desde la misma óptica política. Los insultos humorísticos y los jocosos desprecios humillantes se pagan, por ejemplo, a casi cinco millones de euros al año por dos programas de la productora de Toni Soler, 'Polònia' y 'Està passant' ; más de 1,5 millones de euros al año por el 'FAQS', que produce Andreu Buenafuente; y, entre otros, los 440.000 euros que se lleva Mediapro (Jaume Roures y Tatxo Benet) por producir ocho capítulos de una serie documental sobre el juicio del 'procés'.

Una televisión pública, pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, pero que solo se dirige a una parte de los catalanes. Así, TV3 deja a un lado la neutralidad informativa cuando define como «presos políticos» a Carles Puigdemont y el resto de exmiembros del Govern catalán que se fugaron de España en 2017 o fueron condenados en 2019 por el Tribunal Supremo por el delito de sedición, entre otros.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que controla y decide sobre TV3 y Catalunya Ràdio , suele perder los recursos que presenta ante el Supremo cuando la Junta Electoral Central (JEC) sanciona al organismo audiovisual por vulneración de la neutralidad informativa. Así ocurrió en 2017 y 2019. Y siempre en la misma dirección. En estos casos, el Alto Tribunal avaló los acuerdos previos de la JEC, que constató un partidismo más que evidente a la hora de emitir y dar cobertura a un acto de Òmnium y la ANC en Madrid, por emitir en campaña un documental a favor de los presos del 'procés' —algunos eran candidatos en las elecciones— y hacer pasar por información opiniones políticas.

La CCMA maneja un presupuesto para este año de más de 297 millones de euros. De estos, casi 240 millones son ingresos directos de la Generalitat de Cataluña. La plantilla roza los 2.400 trabajadores. Sin duda, es la joya de la corona o de la república nonata o del sistema autonómico, que el nacionalismo detesta. Uno de los frentes abiertos en la negociación entre Junts y ERC.

En 2016, cuando CiU y ERC crearon Junts pel Sí, Saül Gordillo (ERC) se hizo con la dirección de Catalunya Ràdio, y poco después, en 2017, Vicent Sanchis (CiU) se aupó a la dirección de TV3. Este, Sanchis, tiene el 'honor' de ser el único director de la cadena pública en su historia que ha sido reprobado por el Parlamento catalán.

La dirección de la CCMA está en manos de Núria Llorach , presidenta en funciones y cuya dimisión también fue solicitada parlamentariamente. Pero a la Cámara catalana se le hace caso solo cuando conviene. El equipo directivo de la CCMA debería estar formado por seis miembros, pero solo tiene cuatro y están con el mandato caducado desde 2018. Estamos en 2021 y su renovación sigue bloqueada.