¿Incumplió Sánchez la ley electoral al presumir de sus medidas como presidente?
La Junta Electoral Central prohíbe a todas las administraciones públicas campañas de «autobombo» para vender sus logros políticos durante la campaña de las elecciones generales del 28-A
![Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante una intervención el pasado martes](https://s2.abcstatics.com/media/espana/2019/03/07/sanchez-trabajo-kuAE--1248x698@abc.jpg)
La Junta Electoral Central ha prohibido a todas las administraciones públicas que realicen campañas de «autobombo» para vender sus logros políticos durante la campaña de las elecciones generales del 28-A, una limitación que ha extendido a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para evitar «interferencias de ningún poder público».
Con esta orden, todos los ojos están puestos sobre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , que mantiene su agenda como presidente mientras hace campaña como candidato del PSOE. En un acto organizado en el Ministerio de Trabajo el pasado martes, el mismo día que se publicó en el BOE la disolución de las Cortes, Sánchez hizo balance de algunas de las medidas aprobadas por su Ejecutivo en estos nueve meses.
Entre las medidas que destacó Sánchez estaban la que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, como la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas, igualando al de las madres, o la obligación de las empresas de ser transparente en las retribuciones. «Es evidente que queda mucho por hacer aunque caminemos en la dirección correcta», dijo Sánchez, que añadió que la otra gran prioridad del Gobierno ha sido la lucha contra la precariedad laboral.
¿Incumplió Sánchez el mandato de la Junta Electoral Central? Este organismo ha dejado claro que «a partir de la fecha de la convocatoria de un proceso electoral los poderes públicos no podrán realizar una campaña de fomento de la participación de los electores en la votación».
La prohibición establecida en el apartado 2 del artículo 50 de la Loreg impide que «desde la convocatoria de unas elecciones y hasta la celebración de las mismas los poderes públicos puedan organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a la realizaciones o a los l ogros obtenidos , o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones, resulta aplicable a todos los poderes públicos y durante el periodo electoral de ambos procesos».
Esta prohibición se refiere también «a la realización de cualquier acto de inauguración de obras y servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, durante los periodos electorales», desde el martes 5 de marzo hasta el domingo 26 de mayo.
El líder del PP, Pablo Casado , ha criticado la instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez para obtener réditos electorales. «Curiosamente» el Gobierno ha esperado al 8 de marzo, «día de las manifestaciones por la mujer», para la publicación y entrada en vigor del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, ha dicho hoy Casado.
El presidente popular ha justificado el recurso que ha presentado su partido ante la Junta Electoral Central , dado que, según ha insistido, se ha hecho la «instrumentalización más burda» que él ha visto en las últimas legislaturas en cuanto a utilización de las instituciones del Estado.
«Nunca se había utilizado la Diputación Permanente -órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios- para validar reales decretos no urgentes», ha enfatizado, para afear al Gobierno que incluso hable de «viernes sociales» y quiera «meter la mano en el bolsillo al españolito medio» con medidas que no va a poner ni pagar ni aprobar en el Parlamento.
La ley electoral, en el artículo 153.1, reza que «toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares».