Los incumplimientos del Gobierno de Sánchez: ni equiparación ni retirada de concertinas
Durante su etapa en La Moncloa, el candidato socialista a las elecciones generales del 28-A tampoco ha reformado la Ley de Seguridad
El incumplimiento más flagrante del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de Interior ha sido la no modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. El adelanto de las elecciones a este próximo 28 de abril convertía en papel mojado los avances que para la reforma de esa normativa se habían llevado a cabo en el marco de una ponencia parlamentaria en la que, por otro lado, los socialistas no pelearon por liquidar «los aspectos más restrictivos» del articulado -tal y como venían prometiendo años atrás- y prueba de ello es que, tras las discusiones habidas a puerta cerrada, se había decidido que difundir imágenes de agentes que les expusiera a «riesgos» siguiera constituyendo una infracción. Los cacheos integrales en la calle justificados por razones de seguridad también continuaban en el texto. De aquello de «derogar» la ley de Seguridad con lo que el PSOE se ganó tantos titulares de alto voltaje propagandístico, ni rastro.
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El PP, la única fuerza en la Cámara Baja que no apostaba por desguazar el articulado, se sorprendió de la poca beligerancia que mostraron cuando llegó la hora de ponerse a retocar la norma los socialistas, e incluso Podemos. Mas espasmódicos han sido las reacciones de los populistas al denunciar ante las cámaras otro de los incumplimientos de este mandato adscritos al ámbito de Interior, como ha sido el desistimiento en los intentos por retirar las condecoraciones pensionadas al ex inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño».
Asignaturas pendientes
Esta semana, Pablo Iglesias volvía a reprocharlo ante la apertura de una fosa común en Paterna (Valencia). A esa asignatura que le ha quedado pendiente al Ejecutivo se suman otras, de gran calado, por ejemplo, la de encallar dentro de la hoja de ruta para la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos D´Esquadra, que prevé un segundo tramo de subido en este 2019 que todavía no ha llegado a las nóminas. El Ministerio ha dicho que se reflejará en la de abril lo que significa que, con un poco de agilidad, los funcionarios de los Cuerpos afectados podrían ir el domingo de los comicios a las urnas con un esperado plus en sus sueldos.
No obstante, la reciente entrevista realizada al Papa en un programa de La Sexta, en la que se preguntaba Benedicto XVI por las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, ha traído al filo del comienzo de la campaña electoral otro incumplimiento, el de la retirada de los alambres de cuchillas de las fronteras con Marruecos, que fue anuncio rutilante del entonces recién llegado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 14 de junio de 2018, una semana después de que tomara posesión de la cartera. «Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas», dijo en Onda Cero, y avanzó que iba a pedir «un informe complementario». El 23 de febrero, en su primera visita a Ceuta, indicó que el inicio de los trabajos era cuestión de semanas. Pero «no se ha hecho nada. Nada. Las concertinas siguen en su sitio, tal como estaban», confirmaba ayer a este diario una fuente bien informada de la Ciudad Autónoma, que especula con la idea de que en realidad se está esperando a que Marruecos termine una «una alambrada de contención» que estaría levantando en su suelo, en paralelo a la valla española, y que es visible a la altura de la conocida como Finca Berrocal, el tramo más vulnerable de la frontera. Fuentes del Ministerio del Interior negaron en su día a ABC que existiera tal proyecto compartido con Rabat e informaron de que únicamente se trataba de una infraestructura que el país vecino estaba instalando para proteger perimetralmente diversos puestos militares y policiales de vigilancia cercanos al límite con España.
Los alambres de cuchillas fueron colocados en las vallas de Ceuta y Melilla en 2005, tras un verano de avalanchas de inmigrantes. Marlaska se marcó como prioridad buscar unos elementos «menos cruentos» con los que sustituirlos y, tras el que fue su primer viaje a Marruecos a finales de junio, tuvo que añadir a su discurso la precisión de que lo nuevo ofrecería «igual o más seguridad» que lo que se pretende retirar. En principio, la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) se está ocupando de realizar los estudios necesarios, sobre los que el Ministerio solo comenta mes tras mes que están «a punto» de concluirse. Nada se sabe de ellos.
«Ya se está en el trámite de la aprobación de la modificación perimetral, en la redacción final del proyecto y seguidamente se procederá a la licitación, porque también lleva la colocación de unas cámaras de seguridad o un centro de control», explicó el ministro el pasado lunes.
Sobre el papel, el Consejo de Ministros dio cuenta de su intención de actuar en estas fronteras en un acuerdo del 18 de enero que aprobó un Plan de medidas para el refuerzo y modernización del sistema de protección fronteriza terrestre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el se constataba el «importante grado de obsolescencia y deterioro» de la instalación actual y contemplaba actuaciones a corto y medio plazo.
Sin dinero
Ese plan se aprobó con la mención a un presupuesto de 32,7 millones, en principio susceptible de ser subvencionado por la UE en un 75%, pero lo cierto es que en la reseña del Ministerio del Interior sobre sus propios presupuestos para 2019 -los que nunca obtuvieron respaldo suficiente en el Congreso y terminaron desencadenando el adelanto de los comicios generales- no se hace alusión a dotación económica alguna para ejecutar lo que Grande-Marlaska lleva anunciando desde su incorporación al Gobierno.
Sorprende esta ausencia, tratándose de lo que ha sido una apuesta estrella del departamento. En alusión a lo aprobado ese 18 de enero, el resumen ministerial sobre las que iban a ser sus cuentas sí habla expresamente de una inversión de 850 millones , pero para comisarías de Policía y Guardia Civil (600 millones) y reforma de Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIES, 33 millones) y centros penitenciarios (217 millones), lo que hace pensar que las actuaciones en la frontera tendrán que esperar a 2020.
