Los importadores piden menos trabas para traer material sanitario

La exigencia de los fabricantes de cobrar por adelantado frena los suministros

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Personal médico en el hospital de campaña instalado en Ifema Reuters

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No hay un problema de falta de material, sino de falta de agilidad, excesiva burocracia y confusión en torno a lo que dispone el decreto ley del Estado de Alarma para traer dicho material a España. Gestores del sistema de salud y empresas exportadoras de material sanitario denuncian a ABC que la dramática carencia de material con el que la población en general, y particularmente los profesionales sanitarios, hacen frente a la pandemia del Covid-19 podría solucionarse tomando medidas en tres direcciones: permitiendo a las comunidades autónomas hacer uso sin restricciones de sus canales de aprovisionamiento habitual, autorizar el pago por adelantado a los proveedores y, finalmente, ofrecer garantías expresas de que las partidas que se hayan adquirido o vayan a adquirirse no van a ser incautadas, tal y como el decreto ley faculta al Gobierno a hacer.

El Ministerio de Sanidad, de manera no oficial, ha aclarado que la centralización de la gestión sanitaria, y la compra única para todo el sistema, no impiden que las regiones sigan usando sus canales habituales de aprovisionamiento, algo que de hecho han continuado haciendo ante la falta de previsión e imposibilidad del Estado de hacerse con suministros para todos . Desde el Gobierno también se asegura que no van a producirse trabas aduaneras que impidan la entrada de esas compras en nuestro país, algo no obstante que no convence a las empresas importadoras, que denuncian que la mera posibilidad de que el decreto permita las incautaciones ya supone un impedimento a la hora de buscar financiación para llevar a cabo estas operaciones, como también lo es la confusión generada por el anuncio de que la compra iba a ser centralizada.

Las mismas empresas señalan que la imposibilidad de que las administraciones públicas hagan los pagos por adelantado, como veta la ley de Contratos del Sector Público pero sí exigen los fabricantes chinos, es el principal freno. «Todas las garantías que en condiciones normales son razonables para garantizar una correcta gestión del dinero público y evitar la corrupción, ahora, cuando de lo que se trata es de salvar vidas, dejan de serlo», apunta a este diario Diego Suárez, al frente de Distributalia Express, una empresa que, por ejemplo, trabaja para la comunidad de Madrid.

«No es razonable, y los bancos, incluso con facturas firmadas por las administraciones tampoco adelantan el dinero. ¿Cómo te van a prestar dinero si no hay garantía de que el material que llegue a España no va a ser incautado por Sanidad? El Estado debería garantizar los pagos por adelantado», añade.

Al límite

Con los centros hospitalarios trabajando al límite, y sus profesionales denunciando la falta de mascarillas, batas, gel higienizante o respiradores -imprescindibles en las sobresaturadas UCI- , la adquisición de este material ha degenerado en una frenética carrera donde se han producido situaciones hace pocos meses impensables.

Esta semana, por ejemplo, se ha conocido que la Generalitat llegó a denunciar ante los Mossos a una empresa exportadora, Basics Devices, ante el temor a estar siendo víctima de una estafa tras realizar un pedido de 35 millones en material sanitario a China. La denuncia, adelantada por «El País», fue finalmente retirada después de que la empresa ofreciese garantías y los detalles referentes a «logística, operaciones y toda la operativa financiera nacional e internacional», así como otros detalles de la operación, tal y como aclaraba el Govern en el escrito de desistimiento de la denuncia consultado por ABC. La exigencia del prepago y otros detalles relativos a la firma intermediaria levantaron las sospechas de las entidades bancarias, que advirtieron de los riesgos de la compra y llevaron al ejecutivo catalán a llevar el caso ante el juez. Disipadas las dudas, la compra sigue adelante.

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