El Tribunal de Cuentas detecta «incidencias» en uno de cada cuatro contratos de Illa durante la pandemia
El Ministerio de Sanidad, a través del Ingesa, adjudicó sin baremo alguno más de 500 millones de euros en contratos de emergencia para la adquisición de material como mascarillas, guantes o gel hidroalcohólico
El Ministerio de Sanidad, a través de su Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), adjudicó durante la crisis del Covid más de 500 millones de euros sin aclarar con qué criterios había seleccionado a las empresas beneficiarias . Una resultó especialmente agraciada, al acaparar contratos por valor de 56,2 millones de euros , según ha puesto en evidencia el Tribunal de Cuentas (TCu). El informe pone en el punto de mira la contratación realizada en esos meses de 2020, en la primera y peor fase del Covid, cuando estaba al frente del Ministerio de Sanidad el socialista catalán Salvador Illa.
Aunque el órgano fiscalizador hace hincapié en que la falta de criterio de adjudicación no es una irregularidad ni una ilegalidad en el caso de contratos de emergencia –concebidos como mecanismo excepcional para poder ser adjudicados a dedo–, el TCu lo apunta como una circunstancia relevante. Así consta en el informe que ha aprobado este jueves el pleno del Tribunal de Cuentas, según ha informado este órgano a través de un comunicado. Sin embargo, todavía no ha hecho público el informe, por lo que cualquier alusión a él queda restringida a la versión facilitada por este organismo cuya cúpula fue renovada por el PSOE a finales del año pasado, fruto de un reparto de cargos pactado bilateralmente por el Gobierno con el PP.
Pese a las circunstancias que han sido apuntadas por los auditores, el TCu subraya en su comunicado que «la tramitación de emergencia de los contratos fiscalizados resultó ajustada a Derecho» , dadas las excepciones formales que permite la contratación de emergencia. En lo peor del Covid se permitió adjudicar a dedo la compra de material sanitario y pagar por anticipado.
Incidencias en una de cada cuatro adjudicaciones
El comunicado indica que los auditores han revisado contratos de emergencia adjudicados por el Ingesa que sumaron un valor total de 538 millones de euros . Además de que ninguno de esos expedientes incluyó un informe detallado con los criterios de adjudicación, imprescindible para poder evaluar la idoneidad de las empresas en las que recayeron esos contratos y los motivos objetivos por los que fueron elegidas, los auditores del TCu han detectado «incidencias» en una de cada cuatro adjudicaciones. Exactamente, en el 22,44% de los expedientes analizados.
«Incidencia» es el término elegido en el comunicado para referirse a estos reparos o reservas apreciadas por los auditores. En unos casos se trató de resoluciones anticipadas de los contratos por incumplimientos achacables al contratista y que han dado lugar a intentos de recuperar el dinero pagado, trámites que en algunos casos todavía siguen –la nota del TCu no aclara si se han recuperado fondos–.
En otros casos las incidencias consistieron en retrasos en los plazos de entrega de los suministros, lo que es relevante porque, en la práctica, supone desvirtuar la esencia de los contratos de emergencia, que permiten la adjudicación a dedo a cambio de conseguir un suministro inmediato.
La tercera incidencia detectada consistió en modificaciones de las condiciones del contrato hechas a posteriori , lo que también afectó a la esencia de esos expedientes de emergencia. Así, el TCu ha detectado que en uno de esos cuantiosos contratos, después de haberse adjudicado, se suministraron mascarillas distintas a las que se habían comprado, pero al mismo precio. Y en otro se cambiaron a posteriori los modelos de tests de detección del Covid que se habían pactado, conllevando además un encarecimiento del suministro.
El comunicado hecho público por el TCu indica que «las incidencias en la ejecución» de todos esos contratos «podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del Ingesa sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia». Pero, a renglón seguido, se indica que «las adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global».
