Iglesias acusa al juez del caso Villarejo de expulsarle de la causa «sin base jurídica»
El vicepresidente cambia de abogado después de que el instructor apreciara «conflicto de interés» con la defensa de Bousselham
La anterior letrada, Marta Flor, es la protagonista del escándalo en torno a unos mensajes que cuestionan la labor de Anticorrupción
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto del juez Manuel García Castellón en el que le retiraba su condición de perjudicado en la pieza «Dina» del conocido como «caso Villarejo», ya que opina que el magistrado ha tomado la decisión sin «base fáctica indiciaria alguna» y sin «base jurídica».
El recurso, al que tuvo acceso Europa Press, está firmado por un abogado distinto a Marta Flor, que le ha venido representando junto a su exasesora Dina Bousselham en este asunto y que está en el centro de la polémica que salpica estos días a la Fiscalía Anticorrupción, en tanto que autora de una serie de mensajes filtrados que apuntan a que el Ministerio Público compartió algunas informaciones sobre la investigación con la acusación popular que ejerce Podemos en el caso Villarejo.
El juez acordó la semana pasada que Bousselham debía buscarse otro letrado ante la existencia de un «conflicto de interés» con el vicepresidente, en tanto que él es sospechoso de cometer dos delitos que le perjudican: uno de revelación de secretos por ocultarle durante meses la tarjeta del móvil robado a Bousselham y otro de daños informáticos por habérsela devuelto en teoría, inservible. Ahora es Iglesias quien ha cambiado de abogado.
En su apelación, la defensa de Iglesias se aferra al último escrito que Bousselham presentó en el juzgado y en el que se retractaba de esta afirmación. Había declarado en dos ocasiones que la tarjeta no funcionaba pero en aquel nuevo relato insistía en que sí pudo acceder parcialmente a su contenido y después, se averió. Un informe de la Policía Científica que obra en las actuaciones concluyó tras un primer análisis del dispositivo que estaba parcialmente quemado.
Para el vicepresidente, de lo investigado hasta el momento no se puede concluir ni que le devolviese dañada la tarjeta dado que ella declaró que «inicialmente funcionaba», ni que se la ocultara, por lo que se trata de dos conclusiones del instructor Manuel García Castellón en su opinión «carentes de base fáctica indiciaria alguna, así como de base jurídica».
«Una hipótesis ajena»
Sobre el tiempo que tuvo la tarjeta en su poder desde que en enero de 2016 se la entregó el presidente del Grupo Zeta y habida cuenta de que fue en abril cuando Villarejo creó los archivos con el volcado en sus propios dispositivos, el escrito subraya que García Castellón «obvia que se trata de copias realizadas en fechas previas a la utilización periodística de los archivos y que, en cualquier caso, provienen de una previa fuente de diciembre de 2015».
«El hecho de no haberse obtenido dichos archivos primigenios de origen sólo acredita la existencia de una previa fuente, pero en nada acreditan una supuesta tenencia previa por mi representado, de acceso alguno a los meritados archivos cuando la fuente primaria es de diciembre de 2015», argumenta. Fue en diciembre de 2015 cuando se produjo el robo del móvil.
En este sentido, la defensa reprocha al magistrado que sostenga, «sin evidencia indiciaria alguna», la «supuesta originalidad de la tarjeta recibida» por Iglesias y entregada a Bousselham, algo que «no deja de ser una hipótesis carente de fundamentación alguna en lo obrante en la causa». Y por ello insiste en que la posibilidad de que las copias de la tarjeta se hubieran hecho en 2016 «en nada altera la posición de perjudicado» del vicepresidente «ante la revelación de secretos».
Para la defensa de Iglesias, el juez García Castellón hace una «hipótesis ajena a la naturaleza de la presente causa» que además «excede de la valoración de la condición de perjudicado del mismo, además no existir tal elemento indiciario de devolución dañada de la tarjeta por esta parte».
Así, argumenta que «no sólo no consta tal elemento indiciario en la causa, sino al contrario, constan elementos muy distintos y contrarios a la meritada afirmación». Según explica el escrito, Bousselham «nunca ha referido ese supuesto estado de daños» , sino que sólo indicó que el soporte «no funcionaba no teniendo acceso completo» al mismo.
«Ha precisado, incluso, que tras haber accedido inicialmente, posteriormente no le funcionaba , pero ni que se la entregasen destruida, ni dañada, sino meramente que no consiguió funcionase ésta de forma completa», remarca, para destacar después que la tarjeta se aportó al juzgado «sin que nadie advirtiera daño exterior alguno de la misma, ni por el propio juez instructor, ni por el letrado de la Administración de Justicia ni por los funcionarios que acceden a la misma en distintas ocasiones».
«Sí consta que la tarjeta inicialmente funcionaba, o al menos, se pudo acceder por doña Dina de forma parcial a los contenidos de ésta, y posteriormente dicha tarjeta no funcionó de forma completa, pero nunca se apreció que ésta estuviera dañada o destruida o incluso quemada como se ha llegado a afirmar, y cuando ni tan siquiera se ha hecho así constar en más de un año de presencia ante el juzgado, e incluso en diligencias referidas a dicha tarjeta , resulta aventurada la conclusión que se impugna en la presente de cómo, cuándo y desde luego por quién pudieron producirse dichos daños», alega.
Recuerda que Iglesias «no ostenta condición de investigado alguna ni se le ha denunciado por ninguna persona afectada por los delitos investigados» en esta pieza separada.
Las publicaciones «para desacreditarle»
Añade que, en cualquier caso, nada de esto «en forma alguna elimina la condición de perjudicado por los elementos que son publicados, conversaciones de las cuales» el ahora vicepresidente forma parte y que reproducen expresamente sus intervenciones.
Para Iglesias, la publicación en medios de comunicación de parte del contenido de la tarjeta del móvil de Bousselham ha sido utilizada «para tratar de desacreditarle, siendo perjudicado de dichas actuaciones, por lo que se debe mantener su condición de perjudicado» en este procedimiento.
En su opinión, dado que en esta macrocausa se investiga una organización criminal en la que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo «presuntamente recibía encargos y uno de ellos era, presuntamente, participar en maniobras de intoxicación informativa, e inclusive en algunos casos creación y difusión de campañas mediáticas de desprestigio, y dada la correlación de fechas y de indicios citados, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente a Iglesias, las publicaciones que realizan los medios de comunicación, no cabe duda que no existe elemento que haya decaído que haga perder al mismo la condición de perjudicado».
Será la Sección Tercera de la Sala de lo Penal quien decida ahora si revierte la decisión del instructor y mantiene a Iglesias como perjudicado en la causa. Entre tanto, se siguen difundiendo mensajes filtrados del chat del equipo legal de Podemos que revelan haber manejado ciertas informaciones sobre el devenir de la causa antes de que se abriese la investigación o cuando ya estaba en marcha y declarada secreta.
La Fiscalía Anticorrupción viene defendiendo que no ha habido filtración de datos ni revelación de secretos alguna en las reuniones con los letrados de la formación, cuya existencia no se pone en duda, y que se habrían desarrollado en el contexto de las relaciones entre las partes de un procedimiento penal. Varios investigados en la causa, incluido el propio Villarejo, ya preparan acciones legales al apreciar que se han podido ver indefensos por una presunta revelación de secretos del Ministerio Público a la acusación popular.
