Una herencia «ética» dinamitada por la corrupción

Jordi Pujol, Marta Ferrusola y los siete hijos del matrimonio siguen imputados por una fortuna cuyo origen no está claro

El expresidente de la Generalitat y Marta Ferrusola, en la Audiencia Nacional Jaime García

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Casi seis años después de la –mal llamada– confesión del patriarca, la investigación contra el clan Pujol de la Audiencia Nacional sigue enmarañada entre comisiones rogatorias, que perezosamente vienen y van de un país a otro, en busca de pistas sobre el origen de tan cuantiosa fortuna . Aquel 25 de julio de 2014, y seguramente consciente de que solo era cuestión de tiempo que aquello explotase, Jordi Pujol Soley intentó salvar los muebles con una detonación mediática controlada explicando en un comunicado que su padre Florenci había dejado a la familia un dinero en el extranjero –un «legado», le llamó– que no se había regularizado y del que no había ningún tipo de documentación. En otras palabras, el hombre que durante 32 años había dirigido la Generalitat de Cataluña con mano de hierro, reconocía que había ocultado millones de pesetas a la Hacienda española durante tres décadas. Fue un terremoto en lo político, pero en lo judicial no era más –esa era su intención– que la admisión, por parte del ahora nonagenario expresident, de un delito fiscal ya prescrito.

Porque la cuestión no es tanto de dónde salieron aquellos 140 millones de pesetas en dólares –840.000 euros– que, sin aportar un solo documento, los Pujol dicen que el abuelo Florenci les dejó en 1980 en Andorra, sino cómo fueron capaces de en pocos años multiplicar por diez esa fortuna. Y en eso es en lo que se empeñan los investigadores, bajo la tutela primero de una juez de Barcelona, y de José de la Mata desde que la causa se instruye en la Audiencia Nacional. Las explicaciones que en los primeros compases de la instrucción dio el primogénito de los Pujol Ferrusola –Jordi Pujol «junior», el único que estuvo en prisión por esta causa– de que su inversión en unas supuestas «láminas financieras de titularidad opaca» andorranas habían multiplicado su fortuna como panes y peces no lograron convencer a los investigadores.

Con la instrucción embarrancada, Jordi Pujol, Marta Ferrusola (su mujer) y los siete hijos del matrimonio siguen imputados sin que de momento parezca que pueda acreditarse la sospecha de que las arcas familiares fueron durante años a la sombra y con el amparo de la presidencia de la Generalitat. En una palabra, corrupción.

Legado ético

El pujolismo, con sus sombras y luces –que también las tuvo, y el tiempo le dará su justa medida–, se ha venido abajo de la forma más estrepitosa posible . Todo el clan investigado en la Audiencia Nacional, y Oriol Pujol (el único hijo que se dedicó a la política, llamado a ser el «hereu» tras la etapa Mas) condenado por corrupción en el caso de las ITV.

Si el legado ético del «pujolismo» es una familia sentada en el banquillo, el político se explica con una imagen de esta misma semana: Artur Mas acudiendo de manera discreta a felicitar a su padre político en el piso de los Pujol en la Vía Augusta de Barcelona. Pocos días antes, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido que lo fue todo en Cataluña –fundado por Pujol en 1974– presentaba concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a la responsabilidad tras su condena en el caso Palau (6,6 millones), con una deuda de 4,3 millones y sus sedes en manos del administrador concursal. CDC dio paso al PDECat en 2016, precisamente para intentar sacudirse la mochila corrupta de su fundador , ya en lo que era la fase culminante del «procés». La vieja Convergència que presumía de dar estabilidad a los gobiernos de España, bien del PSOE, bien del PP, que hacía bandera de su europeismo, convertida en un vehículo para la ruptura de España. Y pese a todos los vaivenes, aún en el poder.

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