El TC ha hecho lo que había que hacer

La decisión del Tribunal Constitucional de anular definitivamente la resolución independentista del Parlamento catalán llama la atención por tres cosas: por ser unánime , lo que se daba por supuesto; por su inusitada rapidez , sin dejar transcurrir los cinco meses de que disponía para dictar su fallo mientras estaba provisionalmente suspendida, para no interferir en la campaña electoral; y por su contundencia argumental .

No hay resquicio alguno a interpretaciones torticeras sobre la radical inconstitucionalidad del texto aprobado por el Parlamento catalán. Jurídicamente es ilegal y, por tanto, su valoración política pierde todo el efecto que pretendían atribuirle los promotores de la secesión, como si un sentimiento identitario fuese argumento suficiente para amparar una arbitrariedad flagrante contra el derecho y la voluntad de la mayoría de los españoles.

Cataluña parte de una falsedad : escindir una parte del territorio nacional no es una decisión que corresponda solo a esa parte de los ciudadanos, sino a la totalidad de los integrantes de la nación. Cataluña es España (aunque menos de la mitad de los catalanes no lo sienta así), y en tanto que es España, todos los españoles deciden sobre Cataluña. Son las reglas del juego que el independentismo ha querido romper unilateralmente.

Para los muy cafeteros, el Tribunal Constitucional no incluye ahora un apercibimiento explícito a los 21 cargos de la Generalitat y del Parlamento catalán que sí fueron advertidos de las consecuencias de no cumplir, y hacer cumplir, sus sentencias. Da por hecho que las decisiones del TC son «cosa juzgada», y por tanto, han de ejecutarse.

De hecho, el fallo no implica solo la nulidad absoluta del texto que creaba el germen de una «república catalana independiente». Tiene consecuencias jurídicas -y políticas- en cascada, y supone que miembros del Parlamento catalán estarán delinquiendo abiertamente si en adelante deciden, por ejemplo, crear una comisión o una ponencia para la redacción de una hipotética Constitución catalana basada en los términos de la declaración rupturista.

En teoría, no será preciso que el Estado vaya impugnando cada nueva decisión que adopte el Parlamento catalán -aunque lo hará si la provocación persiste-, porque esas resoluciones y actividades estarán viciadas de origen y carecerán de legitimidad. Serán nulas de raíz , por más que se empeñe la Cámara autonómica en tramitarlas. Pero surgiría un factor nuevo: la desobediencia. Hasta ahora, el desafío se ha visto desactivado por la vía constitucional. Pero la penal -la menos deseable, pero sí factible-, permanece en guardia.