Hacienda busca fórmulas para frenar la reforma de la regla de gasto y seguir controlando a los ayuntamientos
El Pleno del Congreso debatirá mañana la toma en consideración de la proposición de ley, impulsada por Podemos
La oposición puede marcar mañana un nuevo gol al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Esta vez si cabe aún más doloroso porque tiene sabor a tanto marcado en propia puerta. Se trata de la reforma de la Ley de Estabilidad que establece la regla de gasto de las administraciones españolas para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas.
Esta ley es la responsable de que el déficit del conjunto de las administraciones tenga que situarse en cero al cierre de cada ejercicio, impidiendo que aquellas que están saneadas pueden gastar su superávit sin permiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que su colchón sirve para compensar los números rojos de otras administraciones.
Tras el contencioso abierto entre el ayuntamiento de Madrid y Hacienda a cuenta precisamente del gasto de ese superávit, Podemos registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la ley de estabilidad cuya toma en consideración será debatida mañana por la tarde en el Pleno.
Si resulta aprobada, el texto comenzaría una tramitación parlamentaria que se prevé tortuosa y larga pero, aún así, sería un revés de máxima gravedad puesto que le obligaría a reajustar el gasto del Estado y de las comunidades autónoma. El colchón o superávit de los consistorios se sitúa en 6.847 millones de euros.
Para más inri, se da la circunstancia de que el texto ha llegado al Pleno por propio fallo del Gobierno. Sus funcionarios registraron el veto contra la iniciativa cuatro minutos fuera de plazo , perdiendo Hacienda la única oportunidad que tenía para impedir que la reforma llegara a ser debatida.
Así las cosas, la única opción que le queda ahora al Gobierno es intentar que el texto no llegue a ser aprobado finalmente o su redacción final quede muy descafeinada en el trámite de enmiendas y Hacienda ya está buscando fórmulas para conseguirlo.
La primera maniobra ha sido el inicio de contactos desde el Grupo Popular con el resto de los grupos que apoyaron los Presupuestos Generales del Estado para convencerles de que las cuentas no podrán mantenerse si se aprueba la reforma y de que sería una irresponsabilidad poner en marcha su aprobación.
Ciudadanos y Coalición Canaria se han colocado en sintonía con el Gobierno y votará en contra. Pero el PNV se ha mostrado varias veces a favor de flexibilizar la regla de gasto a las administradores saneadas y Moncloa teme que los contactos no acaben de ser fructíferos con este grupo. Nueva Canarias mantiene la incógnita . Si cualquiera de ellos decide votar a favor de la reforma, la tramitación parlamentaria se pondría en marcha.
Si este camino falla, el Ejecutivo cambiará de estrategia e intentará apelar al PSOE para intentar que la reforma encalle en el trámite de enmiendas. No en vano, el primer presidente del Gobierno que asumió las exigencias de déficit cero impuestas por Bruselas fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010. Y fue éste el que buscó en 2011 el apoyo del PP para reformar la Constitución y establecer en la Ley de Leyes que el conjunto de las administraciones españolas no incurrirían en números rojos.
Aquella reforma fue apoyada por el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que votó a favor de la misma como diputado raso que era entonces. Hoy, no obstante, considera un «error» aquella votación un error por lo que no será fácil para el PP atraer a los socialistas a su causa. Más aún con el placaje al que Podemos les somete por la izquierda, identificando la reforma del artículo 135 con la «ruptura» del pacto social previsto en la Constitución.
De hecho, hace dos semanas el Pleno del Congreso aprobó una moción de los socialistas para instar al Gobierno a modificar la regla de gasto de las entidades locales. No tiene carácter vinculante para el Gobierno pero sirvió para demostrar que existe una mayoría política a favor de que la regla de gasto se flexibilice.
El texto de Podemos aboga por derogar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en todos aquellos ayuntamientos saneados. A juicio de Podemos, que tengan un reducido nivel de deuda -por debajo del 110 por ciento-, estén al corriente de los pagos a proveedores con una media de menos treinta días para el pago de las facturas, y que no tengan déficit presupuestario o presenten superávit.
La propuesta de Podemos entronca directamente con la intervención de las cuentas del ayuntamiento de Madrid por parte de Hacienda, después de requerirle varios ajustes que no se cumplieron . El consistorio madrileño cumpliría todas las exigencias que propone Podemos por lo que, si se aprueba la iniciativa, ganaría su batalla contra Hacienda.
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