Hacia nuevas vías penales

Estos tiempos de crisis sanitaria, asociada a una inminente crisis económica que ya afecta a millones de familias españolas, también han traído una crisis social y de valores de los principios que debe mantener un Estado de Derecho, representado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Un gobierno mediocre siempre buscará tener una sociedad mediocre y desinformada que pueda manejar a través de medios de comunicación afines a su causa. Favorecer una crisis de valores en una sociedad es el condimento perfecto que aliña una sociedad domesticada al poder ejecutivo.

Las víctimas del terrorismo siempre han sido una pilar fundamental de los valores de un Estado de Derecho porque son la consecuencia del ataque a la unidad democrática de una nación. Perder -o provocar la pérdida- de este referente es olvidar los valores y la dignidad por la que tantos demócratas perdieron su vida a manos de las organizaciones terroristas.

Es lo que está ocurrirendo con ETA y sus herederos. Pensar que después de tres años con una Fiscalía especializada en funcionamiento en la Audiencia Nacional, que supuestamente coordina los casos sin resolver de ETA no se ha resuelto ni uno solo... Saber que en esos tres años han prescrito casi una veintena de esos 378 asesinatos, casi la mitad del total de los crímenes mortales cometidos por la organización terrorista. Observar cómo partidos políticos como PSOE o Podemos votan en el Parlamento Europeo a favor de la investigación de miles de peces muertos en el Mar Menor, porque entienden que es una cuestión de mayor importancia para estos grupos que conocer quiénes son los responsables de estos 378 asesinatos cometidos por el brazo armado terrorista de Batasuna, cuyo heredero Bildu es socio de pactos del actual Gobierno socialista-estalinista de Sanchez-Iglesias. Ir viendo cómo, en poco más de dos años del gobierno socialista más radical en sus más de cien años de historia, se ha beneficiado a más de un centenar de terroristas de la organización criminal asesina que se encuentran en las cárceles españolas, lamentado el fallecimiento de los terroristas en las cárceles españolas o dicho que Vox es peor que Bildu.

Las víctimas del terrorismo observan todas estas fechorías, además de ver la permisividad de unas instituciones públicas -no sólo el Gobierno central- ante cientos de homenajes a los asesinos como si se tratara de héroes, es un escenario de crisis total de valores. Cuando hablamos de 378 asesinatos sin resolver debemos distinguir que 70 de ellos se produjeron antes de la amnistía de 1977, lo que no podemos obviar por mucho que hayan sido amnistiados los asesinos. Las víctimas de esos 70 asesinatos no merecen una «amnistía» de la Justicia o de su investigación o esclarecimiento. Hablar de más de 300 asesinatos sin resolver es inexacto e insuficiente. El esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por investigar y esclarecer los casi 400 asesinatos sin resolver de ETA contrasta con la inaplicación de nuevas vías de acusación conforme al Derecho Penal de jueces y fiscales.

Solamente el juez Juan Pablo González avanzó la necesidad de aplicar la autoría mediata por dominio de la organización establecida por Claux Roxin en los casos sin resolver de ETA, es decir, aplicar la autoría de los delitos de asesinatos de ETA sin resolver a los jefes de la organización terrorista sin necesidad de buscar una orden específica al autor material del asesinato. No tiene sentido que después de tantos años, Policia Nacional o Guardia Civil puedan tener acceso en condiciones adecuadas a pruebas genéticas, de balística o huellas dactilares que ya han desaparecido de las piezas de convicción de una investigación policial judicializada hace muchos años. Ya existe jurisprudencia en España de aplicación a otros delitos como los de corrupción, sin embargo, nunca se ha aplicado a delitos terroristas. Hasta que la Fiscalía y los jueces de instrucción no se paren a estudiar nuevas vías penales para el esclarecimiento de los asesinatos sin resolver, la sombra de ETA nunca desaparecerá.

*Daniel Portero es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid