La Guardia Civil se persona en el ayuntamiento de Cartagena por la investigación sobre la desaladora
Los agentes han solicitado la licencia de obras y la licencia de actividad de la planta de Escombreras
Agentes de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de esta mañana en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) en busca d e información sobre la desaladora de Escombreras , según ha podido saber Europa Press
Los agentes, pertenecientes a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de Madrid, se han personado de paisano en estas dependencias y han solicitado la licencia de obras y la licencia de actividad de la planta desaladora. El alcalde de Cartagena, José López, también tiene las competencias del área de Urbanismo e Infraestructuras.
Se trata de documentación relacionada con la tramitación administrativa del proyecto de la desaladora, dado que el consistorio tuvo que tramitar en su día las autorizaciones necesarias para su construcción en el municipio, además de la licencia de actividad, los permisos para las conducciones e instalaciones en general de esta infraestructura.
Precisamente ayer López, al ser preguntado por la operación policial que ayer se llevó a cabo en la planta desaladora, contestó que «ya están tardando en entrar en el Ayuntamiento», augurando que el dispositivo policial iba a entrar tarde o temprano al consistorio dado que desde estas instancias se había autorizado la construcción.
La operación dio comienzo este martes cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, a instancias de una querella presentada por la Fiscalía a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, registraron las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.
La petición responde a la querella presentada hace meses y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura , «lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público».
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