El Govern retrasa el envío de los informes del tercer grado y frena a la Fiscalía

La Generalitat lo sabe, y de ahí que trate de ganar tiempo para evitar que una eventual suspensión de la semilibertad de los presos pueda dar al traste con su participación en los actos de campaña. Aunque también es cierto que al respaldar el «Govern» a las juntas de tratamiento a las puertas del inicio de la campaña, en la Fiscalía ya no eran muy optimistas con que los plazos procesales jugaran a su favor y se pudiera evitar lo que está sucediendo.

En lo que ha sido una constante en su actuación ante la gravedad de los delitos cometidos por los líderes del «procés» (ya desde octubre de 2017), la Fiscalía volverá a oponerse a la progresión de grado de los condenados. Y lo hará con los mismos argumentos que esgrimió el pasado julio , con la primera propuesta de tercer grado de las juntas de tratamiento. A ellos se sumarán ahora los que expuso el tribunal del «procés» cuando el pasado diciembre denegó este régimen de semilibertad por prematuro.

Una vez que los fiscales reciban toda la documentación relativa a esa decisión, algo que en el momento de escribir estas líneas todavía no había sucedido, tienen previsto impugnarla ante la autoridad competente con la petición de que la semilibertad quede suspendida hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto: la ratificación o no del tercer grado. El siguiente paso será la actuación del juez, sobre lo que se abren tres escenarios posibles.

El primero es que no suspenda la semilibertad y avale el tercer grado. En este caso los presos seguirían libres hasta que el recurso del fiscal entrara en el Supremo, pues ese recurso sí suspende ese tercer grado de forma automática. El segundo es que acepte esa suspensión cautelar aunque luego dé su aval al tercer grado. Los presos entrarían en prisión inmediatamente a la espera de que el Supremo resolviera más adelante. (Esto es lo que sucedió con los presos de Lledoners). La tercera es que acepte la suspensión de la semilibertad y el recurso del fiscal, en cuyo caso volverían a la cárcel y el recurso ante el Supremo sería impulsado entonces por los propios presos.

Sin haber notificado todavía la Generalitat esos informes de las juntas de tratamiento, es díficil que dé tiempo a parar la intervención en campaña de quienes fueron condenados por su participación en unos hechos que, en palabras del TS, «tuvieron un efecto demoledor para la convivencia democrática».

En un escrito registrado en la Fiscalía, Vox, que fue acusación popular en el juicio del «procés», ha instado al Ministerio Público a que junto con el recurso contra el acuerdo de la Consejería de Justicia de la Generalitat, inste a que se deduzca testimonio para investigar a la titular de ese departamento, Esther Capella, y a la secretaria de Medidas Penales, Patricia Gomà i Pons, por posible prevaricación.

Sin embargo, fuentes jurídicas ven complicada esta opción porque las decisiones de la juntas de tratamiento y el aval de la Generalitat están fundamentados con mayor o menor fortuna, pero en todos los casos seis meses después de la anterior revisión, que es lo que estipula la ley, y las puertas de cumplir la cuarta parte de la condena.

En su comunicado de la semana pasada, la Consejería de Justicia de la Generalitat señaló que «el Servicio de Clasificación considera que se trata de un tiempo suficiente para la confirmación de una evolución positiva» . También que todos los presos cuentan con «una red social y familiar favorable para la rehabilitación, junto con un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia». Lo cierto es que hace solo dos meses que el Supremo puso la lupa sobre la administración penitenciaria de la Generalitat: «No puede vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente».