El goteo de cayucos continúa: 120 inmigrantes en 4 embarcaciones

Después de unos días de calma, que coincidieron con la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a Marruecos, las pateras han vuelto, aunque en menor medida, a Canarias. Al cierre de esta edición, cuatro nuevas embarcaciones arribaron ayer a las islas con 120 inmigrantes a bordo. Ocho fueron trasladados a centros hospitalarios, dos de ellos en estado grave.

La primera patera llegó por sus propios medios con 21 tripulantes. La segunda fue auxiliada por Salvamento , que llevó al muelle de Arguineguín a 30 inmigrantes. Una tercera llegó cargada, informa Efe, con otras 24 personas y la cifra subió con otro cayuco con un total de 45.

De forma paralela, la juez encargada del caso decidió archivar la denuncia interpuesta por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que alertó sobre las condiciones inhumanas que los «sin papeles» padecían en el muelle de Arguineguín. «Los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal, no apreciándose en el relato fáctico efectuado en el cuerpo del escrito indicios suficientes que conduzcan a la estimación de la concurrencia de los elementos penales integradores de un hecho delictivo», expone la instructora en el auto, al que accedió ABC, y donde sin embargo sí deja constancia de las «deplorables» condiciones en las que se encontraban los inmigrantes.

«Llama poderosamente la atención que diga eso y se archive la denuncia», admite Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán en conversación con este diario. «Se considera que los hechos descritos en la denuncia presentada no reúnen los caracteres del delito por el que la misma se interpone, por lo que constatada dicha ausencia de tipifidad de la conducta denunciada parece incuestionable la procedencia del sobreseimiento», contesta la juez en el auto.

Una de las quejas de los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles radica, por su parte, en el periodo de tiempo que los inmigrantes permanecían en el muelle. La ley establece que únicamente pueden estar privados de libertad de movimiento 72 horas , el plazo que se da a la Policía para realizar las tareas de identificación o reseña. Sin embargo, la juez, en el auto, disculpa un posible aumento de este lapso temporal amparándose en la emergencia sanitaria por coronavirus.

«Es por ello que el proceso de identificación y actuación de la fuerza actuante y el protocolo seguido por éste ha sido modificado de forma sustancial, no pudiéndose realizar labor alguna (...) hasta obtener los resultados de las PCR », remarca la juez instructora, quien añade que, «en este sentido, la libertad ambulatoria (...) puede encontrarse limitada por el protocolo a seguir, considerándose por esta juzgadora la existencia de una prudente proporcionalidad entre la limitación de dicho derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública».