El Gobierno de Sánchez guarda silencio ante el pulso de Torra y Torrent
Lastra sí se apresuró a criticar la decisión de la Junta Electoral Central
Al contrario del criterio empleado con otras ocasiones ante otras resoluciones judiciales, el Gobierno optó ayer por no pronunciarse sobre la resolución del Tribunal Supremo que rechaza las medidas cautelarísimas planteadas por el Quim Torra respecto al dictamen de la Junta Electoral Central (JEC) que establecía su inhabilitación como diputado autonómico en el parlamento de Cataluña.
El Gobierno, todavía en funciones salvo el presidente, se encuentra inmerso en la elaboración del nuevo Ejecutivo. Y ayer a preguntas expresas sobre esta cuestión no se hicieron valoraciones . Tampoco lo hicieron una vez constatada la decisión del presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, de no acatar la decisión de la JEC ratificada por el Supremo, y que en la tarde de ayer ordenó cumplir la Junta Electoral Provincial de Barcelona.
No se hicieron valoraciones desde el Gobierno pese al evidente desacato tanto de Torrent ni de Torra. Pero sin duda su actitud será de las primeras que tendrá que afrontar el nuevo Consejo de Ministros. La actitud contrasta con la manifestada por esta Administración en otras ocasiones. Pedro Sánchez compareció él mismo en La Moncloa tras la sentencia del Supremo del 1 de octubre. Y más recientemente con este mismo caso cuando la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, dudó de las competencias de la JEC para adoptar esta decisión. E instaba a pronunciarse al Supremo. Llegó incluso a plantear la decisión de la JEC como un «boicot» de la derecha y la ultraderecha para dificultar la investidura de Pedro Sánchez.
El Gobierno mantiene una estrategia de mano tendida con Torra, que contrasta con la estrategia planteada por Sánchez antes de las elecciones del 10 de noviembre.
Desde entonces Sánchez ha llamado dos veces a Quim Torra y ambos han acordado mantener una reunión en las próximas fechas. Para ello, y pese a que Torra ya está inhabilitado por condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habiendo reconocido en el juicio los hechos delictivos, el Gobierno ha decidido recuperar la interlocución y el contacto con él. Antes del 10-N se negaba a hacerlo por no condenar los hechos violentos que sucedieron en Cataluña tras la sentencia del juicio del 1 de octubre.
Dada la nueva necesidad del Gobierno de mantener vías de contacto con los independentistas, por la necesidad de apoyo parlamentario de ERC, el Gobierno opta por el momento por no entrar al choque con la Generalitat hasta que el Supremo no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. En un plazo de 15 días desde que se constituya el nuevo Ejecutivo tiene que constituirse la mesa entre gobiernos pactada con ERC.
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