El Gobierno no ve «privilegio ni perjuicio» en la semilibertad de los presos del «procés»
El PP, Vox y Ciudadanos denuncian trato de favor en su acceso al tercer grado
Ni un mal gesto o aspaviento. Nada. Ayer en el Palacio de la Moncloa optaron por un perfil bajo, muy bajo, para responder a lo que en el centro-derecha se considera un atropello flagrante de la igualdad entre españoles: solo 277 días después de su condena , los reos por sedición – Oriol Junqueras , Jordi Turull , Raül Romeva y Jordi Cuixart con homenaje incluido– estrenaron régimen de semilibertad . El último de ellos, el que fuera presidente de Òmnium Cultural , incluso tuvo tiempo de ofrecer un mitin improvisado en plena Barcelona para un grupo de adeptos que acudió con mascarillas customizadas para la ocasión. «Lo volveremos a hacer» , una amenaza que han proferido desde prisión los cabecillas del «procés» , fue el cántico en honor al preso idolatrado en su primer día fuera de prisión. Desde el Gobierno , mutismo selectivo. Apenas unas palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa , en declaraciones a Onda Cero: «No tienen que tener ningún privilegio, pero tampoco ningún perjuicio; se les tiene que aplicar el marco legal vigente como a cualquier otra persona».
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Cuixart y Jordi Sànchez, que llevaban en prisión preventiva desde el 16 de octubre del 2017 hasta el momento de su condena, son los que más tiempo han pasado entre rejas de los secesionistas que iniciaron ayer su vida en tercer grado –solo deben acudir a dormir a la cárcel cuatro días a la semana–. No han cumplido ni un tercio de la pena impuesta . «Nada que objetar» para Pedro Sánchez ni para Pablo Iglesias . De hecho, esas palabras fueron la escueta respuesta que brindó el presidente del Gobierno cuando le preguntaron, en su primera entrevista televisiva posconfinamiento, qué opinaba él sobre la concesión de este permiso.
Desazón constitucionalista
Y en ese «nada que objetar», los partidos de ámbito nacional de la oposición no ven otra cosa que un silencio cómplice. El PP , Vox y Ciudadanos (Cs) contemplaron ayer con desazón cómo los líderes independentistas obtenían un «privilegio» de forma mucho más prematura que el común de los presos. El principal partido de la oposición anunció ayer que denunciará ante las instancias necesarias ese «privilegio» a los separatistas.
En el Partido Popular creen que hay fundamento para que intervenga la Fiscalía General del Estado y «determine y coadyuve a que las penas se cumplan»
El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López , lamentó este trato de favor ante lo que supuso «el mayor ataque a la democracia» y un «auténtico golpe institucional». Hablaba del otoño del 2017, cuando los independentistas aprobaron las leyes de desconexión contra el aviso de los letrados del Parlament, de la oposición y del Tribunal Constitucional; cuando asediaron la Consejería de Economía catalana para impedir el cumplimiento de un mandato judicial; cuando celebraron un referéndum ilegal; y cuando concluyeron su viaje al precipicio arrojándose por él con la declaración de independencia ilegal.
López, en un vídeo publicado en Twitter, criticó el uso del «poder institucional» de los líderes independentistas catalanes para «quebrantar el principio de igualdad ante la ley» . «Esto el PP lo va a denunciar ante las instancias que pueda y, en todo caso, confía en que la Fiscalía General del Estado actúe conforme al principio de legalidad y determine y coadyuve a que las penas se cumplan como deben ser cumplidas», sentenció.
«El PP lo va a denunciar ante las instancias que pueda (...). Usan su poder institucional para quebrantar la igualdad»
Enrique López
Secretario de Justicia e Interior del PP
Desde Vox se criticó duramente la semilibertad de la que ya gozan los condenados. En su cuenta en la red social Twitter afirmaron en alusión a Cuixart: «Hace nueve meses fue condenado a nueve años de prisión por sedición. Hoy ya puede pasearse por la calle, participar en mítines y gritar "lo volveremos a hacer"». La formación que preside Santiago Abascal califica al separatismo como «una mafia», apuntando al Gobierno como «su principal cómplice». «Solo con ley y orden se recuperará la Justicia». Este comentario estaba acompañado del vídeo de Cuixart en el que se jactaba de, si fuera necesario, volver a desafiar a la Justicia, en unas declaraciones en las calles de Barcelona.
«Se acabó la sumisión»
Igualmente, el diputado por Barcelona Ignacio Garriga advirtió en esta misma red social: «Dentro de poco estaremos en el Parlamento y seremos vuestra peor pesadilla. La esperanza para muchos catalanes y el conjunto de España». A juicio del dirigente catalán de Vox, «los tiempos de silencio, complicidad y sumisión se acaban».
«Dentro de poco estaremos en el Parlamento y seremos vuestra peor pesadilla. Los tiempos de silencio y de sumisión se acaban»
Ignacio Garriga
Diputado de Vox
Fuentes de Cs consultadas por ABC recuerdan que su formación, primera fuerza en Cataluña , llevaba meses advirtiendo de que dejar el futuro penitenciario de los presos del «procés» en manos de la Generalitat podía deparar estas consecuencias. En este partido, nacido con el objetivo de terminar con las cesiones al nacionalismo , cayó ayer con honda preocupación esta deferencia, pese a que algunos de los condenados amenazan con «volverlo a hacer» y no han pedido perdón a la sociedad catalana. Por eso, en la dirección de Inés Arrimadas ven clave que no haya ni un solo privilegio de Sánchez al separatismo y que bajo ningún concepto se les transfiera la Justicia.
«Provocaron un golpe, división social y fuga de empresas, pero son amigos del Gobierno y tienen privilegios»
Carlos Carrizosa
Presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament
