El Gobierno presenta como un gesto a Torra una medida ya prevista por el fin del 155
La ministra portavoz, Isabel Celaá, presenta como gesto de «normalización política» el hecho de que los bancos dejen de requerir la supervisión del Gobierno de España en los pagos de la Generalitat. Pero se trata de algo ya previsto y que había sido acordado por Rajoy y Sánchez. Se vincula además con el levantamiento del artículo 155 de la Constitución.
La primera rueda de prensa del nuevo Gobierno concluye con confusión. La nueva portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado que, se había determinado «que se den instrucciones a los bancos para que puedan hacer pagos sin pasar por la supervisión de Hacienda». En realidad es una medida ya prevista, y asociada a la «culminación del 155» , como ella misma ha reconocido, pero la confusión ha sido mayúscula porque Celaá ha planteado «levantar la supervisión como gesto de normalización política».
Lo cierto es que este levantamiento llevaba semanas planeado y parcialmente ejecutado, como ya había anunciado el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Al poner fin al 155, se acababan los controles aprobados en septiembre de 2017 sobre la Generalitat por lo que la medida no es algo nuevo ni inesperado.
Ello no quiere decir que el Estado no siga en alerta. El nuevo sistema de control de Cataluña vuelve al que se articuló en noviembre de 2015, con un informe mensual de la interventora de la Generalitat que valida la legalidad del gasto del Govern. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, había reclamado que se pusiera fin a este control mensual también junto al levantamiento del 155, a lo que Montoro replicó lo siguiente hace semanas: «Va a ser que no» . Los controles que ahora se aplican sustituyen a la vigilancia semanal y la retención de las entregas a cuenta del sistema de financiación en una cuenta del Banco de España, que se aprobaron en septiembre de 2017.
Estas partidas suponen el 80% de los recursos de la Generalitat, correspondientes a impuestos compartidos por Estado y comunidad como IVA o IRPF y ascendían a unos 1.400 millones de euros al mes. Asimismo, los bancos debían supervisar las órdenes de pago de los recursos propios de la Generalitat, procedentes de impuestos propios como Sucesiones y Donaciones o Actos Jurídicos Documentados.
El único fleco que restaba era la vigilancia de las entidades bancarias a los pagos de la Generalitat. La ministra portavoz ha anunciado que se había dado la instrucción «a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda afrontar los pagos sin pasar por la supervisión del Banco de España». Celaà ha vendido la medida «como gesto de normalización política, en la confianza de que funcionará bien». Lo que se ha producido hoy es la llamada a las entidades financieras, vía subsecretaría de Estado de Hacienda , para que deje de ser imprescindible el sello del Gobierno central para que la Generalitat de Cataluña pueda realizar pagos. Es decir, el último trámite relacionado con el fin de la aplicación del 155.
Celaá ha sido la encargada de dar la primera rueda de prensa del nuevo Ejecutivo, después de que el nuevo Consejo de ministros celebrase su primera reunión y de que se procediese a las tradicionales fotos de familia de esta primera cita. Con un estilo sobrio salpicado con pinceladas de ironía, Celaá estaba en mitad de la rueda de prensa cuando sorpresovamente ha hecho este anuncio, dejando abiertas todas las dudas de si se estaba hablando o no de l control mensual vigente desde finales de 2015. Una duda que no se ha sabido resolver.
Contacto con todos los presidentes
La portavoz del Gobierno ha anunciado que este fin de semana Sánchez va a comenzar a ponerse en contacto con todos los presidentes autonómicos para tratar de cerrar en agenda encuentros bilaterales con todos ellos. «Se va a encontrar en reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonomicos, también con Torra», ha dicho Celaá cuando se le preguntaba por si el encuentro con el presidente de la Generalitat era la prioridad.
Celaá ha dicho que no se han abordado las materias que Sánchez y Torra podrían abordar, pero ha reconocido que «el principal problema es el de la integridad territorial» y que el gran objetivo del Gobierno es «normalizar el país», pero descartando que el derecho de autodeterminación pueda ser un elemento de negociación y que está «absolutamente fuera» de cualquier discusión: « Con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra . Trataremos de avanzar. Venimos a normalizar».
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