El Gobierno intenta forzar a sus socios a un apoyo sin cambios de la reforma laboral
Bolaños establece un marco de presión a sus socios: no apoyar la reforma es apoyar la norma de 2012 del PP
La posición oficial del Gobierno, determinada por la voluntad de su presidente, se mantiene intacta en lo que tiene que ver con la reforma laboral: el texto acordado con los sindicatos y la patronal no puede modificarse. Se debe convalidar en el Congreso de los Diputados sin tramitarse como proyecto de ley, evitando así que se abra a posibles modificaciones.
Pese a que en un principio se aspiró desde la parte socialista a una abstención del PP, algo que no gustaba en la parte morada del Gobierno, en el Ejecutivo ven cerrada esa vía después de las últimas palabras al respecto de la dirección nacional. Por eso se activa ya con ninguna duda la vía que el Gobierno siempre ha preferido: que sean los socios habituales los que permitan que la norma sea aprobada.
Pero lo que deja muy claro el Gobierno es que debe respetarse el acuerdo. ERC, Bildu y el PNV reclaman cambios y que la norma sea tramitada para ello como proyecto de ley. En este sentido, en privado, altos mandos del Ejecutivo son muy claros: «No se puede tramitar como proyecto de ley. Es la posición del Gobierno». En la parte socialista del Ejecutivo tienen esto muy claro. Aducen que el acuerdo entre patronal y sindicatos tiene ya unos equilibrios que hace que abrir el texto para introducir modificaciones pueda expulsar a alguna de las partes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , ha establecido una línea argumentativa para forzar a sus socios a una aprobación del texto sin cambios: «Votar en contra es votar a favor de la reforma laboral del PP. Impuesta, unilateral y desequilibrada» , ha dicho el coordinador de la acción gubernamental. Si la norma no es convalidad por el Congreso se mantendría el marco laboral establecido con la reforma de 2012. Y es ahí donde incide el Ejecutivo: «Me cuesta creer que vayan a votar a favor de la reforma de 2012», ha dicho Bolaños.
El Gobierno defiende el carácter pactado de la reforma y la instauración de mecanismos que favorecen no tener que recurrir siempre al despido. Una ley «absolutamente positiva» y que al ser fruto del diálogo entre los protagonistas de la relación laboral debería ser un texto al que «de manera natural se tienen que sumar la gran mayoría de los grupos». El Gobierno todavía tiene tiempo y sí se compromete a priorizar a los socios de investidura en el diálogo. Unas conversaciones que ya han comenzado.
El Gobierno se juega la baza de presionar a sus socios en primer lugar porque confía en que funcione el establecer una marco en el que la alternativa es mantener la reforma del PP. Y porque la entrada en escena de los 9 diputados de Ciudadanos, dispuestos a apoyar para que en la tramitación parlamentaria la norma no se empeore, limitan la capacidad de presión de ERC y Bildu.
