El Gobierno evitará pronunciarse sobre el indulto mientras avanza la reforma del Código Penal
El Gobierno insiste en que está obligado a arrancar este proceso de tramitación de los indultos y que el hecho de abrirlo «no prejuzga ningún final»
El complejo tablero político español introdujo ayer un nuevo elemento que, sin ser inesperado, contribuye a redefinir el puzzle con el que el Gobierno tiene que tejer sus alianzas para mantenerse en el poder. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , anunció ayer durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que la próxima semana comenzará a tramitar las solicitudes de indulto a los presos independentistas que están sobre su mesa.
Un proceso que debería culminar con la firma del Rey en el Boletín Oficial del Estado. El momento coincidirá en el tiempo con el inicio de la tramitación presupuestaria que va a desarrollarse durante el mes de octubre. Desde el Gobierno negaban ayer que su intención haya sido que ambas cuestiones circulasen en paralelo. De hecho se justifica que «va tarde» por el parón producido por la pandemia. Pero lo cierto es que ahora los tiempos confluyen. Y esto amenaza una de las opciones aritméticas de cara a aprobar las cuentas públicas, que es la que incorpora a Ciudadanos en la ecuación.
Desde el Gobierno todas las fuentes consultadas se aferraban ayer a la «obligación» que supone tener que iniciar este trámite. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, negó que «en absoluto» esta cuestión pueda entremezclarse con los Presupuestos. Desde el entorno del presidente del Gobierno se insistía en que se trata de un proceso «completamente obligatorio» y que su inicio «no prejuzga ningún final» . Desde uno de los sillones del Consejo de Ministros se insistía en esa dirección: «Cuando hay una petición de indulto hay que tramitarla con independencia del resultado final. No se puede dejar de tramitar sin pasar a informe de la Fiscalía y la Sala», explica este ministro.
«El Gobierno incumpliría la ley si no tramitase un expediente. Otra cosa es el resultado de la tramitación», aseguran por su parte desde La Moncloa. Además, fuentes gubernamentales apuntan a que el proceso, hasta el momento en el que el Gobierno tenga que tomar una decisión, puede demorarse entre seis y ocho meses. Para entonces los Presupuestos deberían estar aprobados. El Gobierno cuenta con tenerlos definitivamente listos durante el mes de enero.
Llegado el momento el Gobierno tendría que tomar una decisión. Antes de que hubiese una condena en firme el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó comprometerse a indultar a los presos independentistas aduciendo que no podía haber «negación preventiva del indulto». Pero cuando existió una condena en firme, Pedro Sánchez compareció en La Moncloa y dijo lo siguiente: «El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento» .Eran, eso sí, los tiempos en los que con la repetición electoral del 10 de noviembre en el horizonte el presidente-candidato aspiraba a atraer a los electores más moderados. Los que abandonaban Ciudadanos pero que finalmente no cumplieron con las expectativas del laboratorio demoscópico de La Moncloa.
Los indultos registrados
Antes que tomar esa decisión el Gobierno cree que llegará antes el momento en el que pueda procederse a la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición, que es su verdadera apuesta para aliviar la situación de los presos independentistas. La idea es presentar esta reforma antes de fin de año . Con el anteproyecto el mensaje político estará lanzado, aunque luego quede tiempo para hacerse efectivo. El Gobierno, por lo tanto, iniciará en breve el proceso para resolver sobre un indulto que ya se ha solicitado formalmente ante el Ministerio de Justicia tres veces –que se sepa hasta hoy–: uno total para los 12 condenados en la causa del «procés» juzgada en el Tribunal Supremo y dos parciales, uno para la exconsejera Dolors Bassa y otro para la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell.
Sobre la petición de indulto total, el abogado penalista Francesc Jufresa Patau presentó una solicitud para todos los condenados en diciembre de 2019. Ayer aseguró a ABC que su petición «está totalmente tramitada», pero no dio más información. En su escrito de registro argumentó su petición, básicamente, señalando que «la sentencia plantea graves problemas no resueltos de imparcialidad en la instrucción, imparcialidad del tribunal y sobre todo una grave afectación del principio de proporcionalidad de la pena en los términos constitucionales». Pese a pedir el indulto total para los 12 condenados, subsidiariamente solicita que se les indulte parcialmente de la pena de prisión a cambio de una pena de inhabilitación o reduciendo la pena por sedición «hasta un máximo de 4 años de prisión», cuando ahora están cumpliendo condena con penas de entre 9 y 13 años de cárcel.
Los otros dos indultos sobre la mesa del Gobierno son parciales. El de Bassa lo pidió UGT en junio de este año y su líder en Cataluña, Camil Ros, fue militante de ERC en Gerona. Bassa, además de militar en ERC, fue dirigente del sindicato en Gerona. A la petición de UGT se sumaron los alcaldes de las cuatro capitales de provincia de Cataluña. Esta petición de indulto se argumentó defendiendo que Bassa está «comprometida» con la sociedad.
La tercera solicitud de indulto la registraron en agosto Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, expresidentes del Parlamento de Cataluña, y afecta a Forcadell, quien fue juzgada por su papel al frente de la segunda institución autonómica más importante de Cataluña. En la petición registrada en el Ministerio de Justicia se indica que la que fuera presidenta de la Assemblea Nacional Catalana lleva «un periodo de tiempo absolutamente excesivo» en la cárcel y su «actitud» en prisión está siendo ejemplar.
Está por ver si en los próximos días se registra alguna petición de indulto más, como la anunciada este verano por la Lliga Democràtica que lideran Astrid Barrio y Josep Ramon Bosch. Fuentes del partido indicaron ayer a este diario que tienen previsto registrar la petición la próxima semana. El Gobierno podría esperar unos días para acumular esas solicitudes anunciadas y dar inicio a los trámites con todas ellas.
Miquel Iceta , líder del PSC y defensor de la vía del indulto, mostró su satisfacción por el inicio de este proceso. «Hay razones de justicia, equidad e interés público que así lo exigen», defendió Jaume Asens de En Comú Podem. La reacción política en el independentismo se limitó a dejar claro que el supuesto indulto no arreglará lo que el nacionalismo define como «conflicto político» y desde los partidos y las entidades se reclamó, una vez más, la aprobación de una «amnistía».
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