El Gobierno evita anticipar su posición con los indultos y apunta a la pronta reforma del Código Penal
El ministro de justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado hoy que la próxima semana empezarán a tramitarse las peticiones de indulto. El Gobierno defiende que incumpliría la ley si no inicia el trámite del expediente.
Pedro Sánchez nunca ha llegado a descartar la posibilidad de conceder el indulto a los líderes independentistas presos. En la campaña electoral de abril de 2019 esta cuestión marcó parte de la campaña electoral. En varias entrevistas se preguntó al respecto al ya presidente, que se negó a contestar aduciendo que no debía «politizar la Justicia» .
Tampoco lo había hecho a finales de 2018 cuando en una sesión de control el por entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó a Sánchez que se comprometiera a no emplear esta herramienta. En el debate electoral de aquella campaña de abril Sánchez dijo claramente que no podía haber «negación preventiva del indulto» . Por aquel entonces en sus evasivas contaba a favor con el hecho de que no había todavía sentencia firme por parte del Tribunal Supremo.
Pero ahora todo ha cambiado. Esa sentencia ya está encima de la mesa desde hace casi un año. Se han registrado solicitudes formales de indulto. Y Pedro Sánchez fracasó en su intento, vía repetición electoral, de no depender de las fuerzas independentistas. Las evasivas de entonces no valdrán ahora. Esta misma mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , ha avanzado que iniciará el trámite correspondiente al tener ya encima de la mesa esas solicitudes de indulto.
Esas evasivas de abril de 2019 se convirtieron en rechazo en octubre de ese mismo año y con el horizonte de la repetición electoral ya inminente. En su valoración de la sentencia del Tribunal Supremo Sánchez dijo lo siguiente: «El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento». Y añadió: «nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento». Eran los tiempos de un Sánchez preparado para la contienda electoral, y se mostró así de contundente: «La integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados también los derechos y libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la nación española».
La concesión del indulto quebraría ese principio de cumplimiento íntegro de las penas. Pero en enero de 2020 el Gobierno abrió la puerta a la modificación del Código Penal, que según se fue concretando va a ir en la dirección de suavizar las penas del delito de sedición. Con ello se beneficiarían los presos condenados por este delito. El Gobierno ha incorporado esta reforma al plan normativo de este curso y en principio la intención es poder presentarla antes de que termine el año.
Por eso, en términos políticos, entienden en el Gobierno que esta vía es la adecuada. Tras el anuncio de Campo, fuentes gubernamentales consultadas plantearon que el procedimiento al que están «obligados» respecto a la tramitación del indulto podría demorarse hasta comienzos del segundo trimestre de 2021 . Por eso en el Ejecutivo creen que la reforma del Código Penal podría sustanciarse antes de que este proceso llegue a término y obligue al Ejecutivo a tomar posición.
Varias fuentes gubernamentales consultadas han querido mostrarse muy cautos con el trámite del indulto, y apunta automáticamente a la reforma del Código Penal como señal de compromiso con el proceso que el Gobierno defiende en Cataluña bajo el paraguas de la «reconciliación».
Desde el Gobierno, fuentes de la presidencia del Gobierno han insistido en que el proceso de tramitación es de momento solo eso: tramitación. Y defienden que "el Gobierno incumpliría la ley si no tramitase un expediente" . Y evitan comprometer nada más allá: "Otra cosa es el resultado de la tramitación". Se apunta al largo proceso que queda hasta el final del proceso, y que se calcula entre seis y ocho meses.
A última hora de la mañana, en La Sexta, el ministro de Justicia ha defendido esa idea, que el Gobierno está "obligado legalmente" a tramitar el expediente. Y ha negado coincidencia en el tiempo con la negociación de Presupuestos porque, ha dicho, el atasco producido por la pandemia lo ha retrasado todo, porque de lo contrario habría arrancando el proceso "hace un tiempo".
Campo ha enmarcado este asunto en "los derechos de los condenados", aunque ha remarcado a que esto sucede en paralelo a un escenario político en el que el actual Gobierno "ha demostrado que es necesario establecer un diálogo". Y por un tercer carril, combinando la solución judicial y la apuesta política discurre "la reclamación de la doctrina para la revisión de la sedición y la rebelión", ha dicho Campo.
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