El Gobierno calla sobre los eventos públicos que autorizó antes de la explosión del coronavirus
El Ministerio de Política Territorial no facilita la lista de actos permitidos en cinco de las principales ciudades del país desde un mes antes del estado de alarma
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que dependen las Delegaciones del Gobierno en todas las comunidades y ciudades autónomas, prefiere no hacer público el número de eventos públicos autorizados por estos organismos, diseminados por las capitales autonómicas, en las semanas previas a que el coronavirus estallara en España.
Este diario ha preguntado a través del Portal de Transparencia por el número de actos de cualquier tipo que las delegaciones del Gobierno autorizaron en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Zaragoza desde el pasado 15 de febrero, un mes antes de que se decretara el estado de alarma. El Ministerio, sin embargo, decidió inadmitir directamente la petición negando cualquier tipo de información sobre las manifestaciones, competiciones deportivas con público, actos políticos o conciertos multitudinarios que recibieron el visto bueno de la Administración cuando la pandemia ya azotaba con fuerza en otros países.
El gabinete que dirige Carolina Darias justifica su negativa en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). En la contestación a la petición de información emitida por este diario, el Ministerio resuelve que no dará esa información porque, precisamente, se refiere a un amplio abanico de actos públicos, como pueden ser competiciones deportivas, manifestaciones o eventos culturales. Justamente el espíritu de la pregunta.
«Según el Diccionario de la Real Academia Española, por evento se entiende: «Suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva». Por lo anterior se debe considerar que evento público es un concepto muy amplio en el que se incluyen una gran variedad de acontecimientos tales como espectáculos públicos y actividades recreativas, acontecimientos deportivos, reuniones en lugares de tránsito público, entre otras», argumenta Política Territorial en el escrito con el que desestima ofrecer dicha información.
Además, añade lo siguiente: «La regulación de los mismos [eventos públicos] es diversa y no siempre asignada a una única Administración Pública». Y es cierto, pero la petición realizada por ABC únicamente le reclama al Ministerio que dirige Darias la información por los eventos autorizados por las Delegaciones del Gobierno en virtud de sus competencias . Esta segunda excusa aportada por el Ministerio desvirtúa, justamente, su argumento anterior.
Relevante
La polémica se ha centrado desde el primer momento en la manifestación feminista del 8-M o en el mitin realizado por Vox el fin de semana previo a que se decretara el estado de alarma por el estallido de la pandemia en España. Sin embargo, es evidente que no fueron los únicos eventos multitudinarios que se celebraron en aquellas fechas en territorio nacional y que podrían haber contribuido a la expansión del virus de forma más acelerada que en otros países de nuestro entorno.
Por ello, este diario también solicitó al Ministerio, en un segundo apartado de la petición, la afluencia de personas estimada a cada uno de estos eventos públicos, un dato que también rechaza ofrecer. En este caso, el director general de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres -firmante del documento-, aparca el diccionario para aclarar la definición de los términos, y argumenta que no dispone del dato concreto.
«Las Delegaciones del Gobierno no tienen una competencia directa y genérica en relación con la asistencia a eventos públicos», asegura el Ministerio, pese a que los datos oficiales de asistentes a las manifestaciones, por ejemplo, los formulan las propias Delegaciones. Acto seguido, insiste en la negativa: «Por tanto, no existe una compilación de la relación de eventos realizados en cada Comunidad Autónoma que recoja la información por las Delegaciones del Gobierno y sobre las estimaciones que pudiera realizarse de asistencia a ellos durante un periodo de tiempo determinado».
Un ejemplo más
Finalmente, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública concluye que no admite a trámite la petición de información de este diario ya que, a su juicio, «no encaja» en los preceptos establecidos por la ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno al no ser un dato que «obre en poder» de la Administración o hayan sido adquiridos «en el ejercicio de sus funciones». Esta alegación vuelve a no casar, ya que en su argumentación únicamente esgrime que no dispone de los datos de afluencia, pero nada enuncia sobre que las distintas Delegaciones del Gobierno no dispongan de la relación de eventos públicos que en el ejercicio de sus competencias les fueran comunicados antes del 14 de marzo.
El compromiso del Gobierno que dirige Pedro Sánchez con la Transparencia está en entredicho, ya que son numerosas las ocasiones en las que se ha podido acreditar que, en la diatriba de ofrecer una información comprometida o intentar sepultarla, el Ejecutivo se decanta por la segunda opción . Y este es únicamente un caso más.
Noticias relacionadas
