El giro en las políticas migratorias del Gobierno abre la brecha con Podemos
Grande-Marlaska insiste en trazar un plan alternativo que permita retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla sin restar seguridad a las fronteras
«Le recuerdo que están en minoría». Cada vez que pueden, los líderes de Podemos le repiten al PSOE que les necesitan si quieren seguir en la Moncloa. Es el precio de gobernar en minoría, situación que los de Pablo Iglesias aprovechan para marcarle a Pedro Sánchez las líneas rojas que no debe traspasar si no quiere quedarse sin socio. En este sentido, la postura de Podemos en materia migratoria es clara y podría resumirse con las palabras de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el 5 de septiembre de 2016, justo después de conocer que cien inmigrantes ilegales habían saltado la valla de Melilla para entrar en España. «Son los mejores, los más valientes» . Por eso, en Podemos no agrada el giro en materia migratoria de Sánchez, que ha pasado de acoger al Aquarius sin condiciones a detener a una decena de subsaharianos en Ceuta por organización criminal.
La advertencia de turno la pronunció ayer la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra. Esta vez el mensaje recayó sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , que acudió al Congreso a petición propia -y también de la oposición- para explicar el plan del Ejecutivo en materia de inmigración. «La política migratoria que están llevando deja muchísimo que desear», le recriminó Belarra, quien reprochó al Gobierno sus «muchos gestos» -como recibir el Aquarius- y su escasa «valentía».
Ante las continuas críticas, que no solo formuló Podemos, sino también el resto de grupos de la oposición -cada uno poniendo el acento en distintos matices-, Grande-Marlaska se defendió como pudo. Negó el efecto llamada de las políticas de brazos abiertos -Aquarius, sanidad universal o retirada de concertinas- de Sánchez y aprovechó la ocasión para volver, como le reprendieron desde Ciudadanos, a la política del «y tú más» . «El incremento en las llegadas de inmigrantes ilegales a España es idéntico al que tuvimos en 2017», justificó el ministro, quien insistió en remodelar las fronteras de Ceuta y Melilla y reemplazar las cuchillas por medios «menos lesivos», además de utilizar la primera parte de su intervención para cargar contra Rajoy: «La gente tiene derecho a saber lo que el anterior Gobierno no hizo».
«Beneficiar» a los pacíficos
«Parece que ha venido aquí a ejercer de oposición», dijo de forma irónica el portavoz del PP en la comisión, José Alberto Martín-Toledano, quien recordó a Grande-Marlaska los «bandazos» de sus políticas: «No se puede animar a los inmigrantes a saltar la valla para después devolverlos de forma exprés».
«Hay que distinguir entre la defensa de los Derechos Humanos y las entradas violentas», replicó el ministro, quien insistió en que con la expulsión a Marruecos de los 116 inmigrantes del último salto en Ceuta, junto con la detención de los diez «cabecillas» del asalto a la valla del 26 de julio, las autoridades de España y Marruecos quisieron mandar un mensaje a las mafias que trafican con personas. «No vamos a permitir la inmigración violenta», subrayó Grande-Marlaska», quien animó a distinguir entre inmigrantes ilegales pacíficos y no pacíficos: «Beneficiemos al que no es violento».
La frase provocó la sorpresa en las filas populares, que rápidamente explicaron al ministro, en boca de Martín-Toledano, que «el cumplimiento de la ley no distingue entre entradas violentas o no. La ley obliga a devolver a todos los inmigrantes ilegales».
La disertación de Grande-Marlaska sobre la expulsión inmediata de los 116 subsaharianos tampoco convenció a Podemos y Belarra volvió a tensar la cuerda. «¿Por qué se reactivó el acuerdo de 1992?» , preguntó la portavoz de Podemos, quien también puso en tela de juicio que los sin papeles hubieran gozado de las «garantías suficientes» antes de su rápida expulsión a Marruecos. Belarra, incluso, acusó al Gobierno de mantener políticas propias de «la derecha».
El titular de Interior, que buscó de forma constante -y pese a la tormenta de críticas de todos los colores- puntos de encuentro con sus socios de Unidos Podemos, no escatimó en elogios al referirse al papel de Marruecos en materia migratoria . «Es un país muy serio», defendió Grande-Marlaska, quien aseguró que no hubo ningún pago al país africano para que recibiera a los 116 inmigrantes deportados.
«Seguridad sí, pero ante todo humanidad. Y humanidad no es lo mismo que permisividad», recalcó el ministro, quien pese a defender la reactivación del acuerdo bilateral de 1992 entre España y Marruecos, reconoció que «no hay muchos países que acepten la devolución». Este hecho entra en conflicto, especialmente en el apartado moral, con una de las cláusulas del acuerdo. En el artículo quinto, el texto especifica que Marruecos, una vez aceptada la devolución de los sin papeles, debe tramitar el regreso de los mismos a sus países de origen. Hasta 48 ONG censuraron, en un comunicado, dicha deportación masiva a través del acuerdo de 1992 al considerar que Marruecos no está en disposición de cumplir, precisamente, con este precepto. Quizá así se comprendan mejor las reservas de Podemos con el Gobierno después de su «radical» giro migratorio: «Me gustaría saber si la política de su Gobierno es la de la expulsión sumaria de estas 116 personas o la de la acogida», remachó Belarra.
Presos de ETA
El otro gran punto que se trató en la comisión extraordinaria de Interior celebrada ayer fue la política penitenciaria, en lo referente al acercamiento de los presos de ETA, del Gobierno. Grande-Marlaska repitió en varias ocasiones que habrá acercamiento, aunque «dentro de la legalidad». Sus explicaciones, no obstante, no tranquilizaron a los grupos de la oposición, estuvieran a favor o en contra del esta medida.
«Lo único que me queda claro es que no va a haber acercamiento», denunció Marian Beitialarrangoitia, de Bildu; mientras que Marimar Blanco, diputada del PP, recordó al ministro que «la memoria de las víctimas no puede ser utilizada como moneda de cambio por cinco votos prestados en la moción de censura».
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