Dos gestorías consiguieron 20 millones en préstamos del Ministerio de Industria y parte sirvieron para obras en casas de los cabecillas
La Policía detiene a 20 personas en Madrid y Zaragoza que controlaban una red de sociedades pantalla para crear facturas falsas y desviar los fondos públicos
Solicitaban préstamos a muy bajo interés al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acogiéndose al plan Reindus (Programa de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva), del que se benefician en más de un 75 por ciento pymes. Pero ni devolvían esos fondos públicos ni pagaban los intereses ni el dinero iba destinado a ninguna inversión industrial. De hecho, parte de los más de 20 millones defraudados se utilizaron para hacer obras en casas particulares, en las viviendas de los cabecillas.
El Grupo II de la Udef de Zaragoza ha desmantelado esta organización tras más de dos años de trabajo y ha detenido a 20 personas, seis en Zaragoza y 14 en Madrid a las que imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental . Los créditos públicos los solicitaban al ministerio que dirige Reyes Maroto dos gestorías que trabajaban juntas en las dos provincias. Las detenciones se produjeron el pasado 10 de mayo y se llevaron a cabo también dos entradas y registros en las sedes sociales de las gestorías, en las que se intervino documentación relacionada con la investigación y diverso material informático.
La investigación la inició la Fiscalía Provincial de Zaragoza tras la denuncia del Ministerio de Industria por un posible delito de fraude en subvenciones debido al impago de un préstamo Reindus de 900.000 euros, a una sociedad afincada en la provincia de Zaragoza. Los agentes detectaron que había otras sociedades beneficiarias de ese tipo de préstamos públicos, que estaban relacionadas con dos gestorías. La mayor parte de la actividad la llevaba a cabo la de Madrid.
Dinero público, reformas particulares
Con el avance de las pesquisas se comprobó que el dinero procedente de esos fondos públicos no se había destinado al fin para el que se concedieron. inversiones de desarrollo empresarial, y que en algunos casos el desvío de ese dinero se empleó en reformas de las viviendas de los investigados.
Para justificar los proyectos objeto de estos préstamos públicos ante el Ministerio, contaban con una serie de facturas emitidas por sociedades que no tenían capacidad de realizar los trabajos que se les imputaba, ni trabajadores, ni actividad real, sino que eran meras sociedades pantalla creadas para tal fin.
Los cabecillas de la organización eran los apoderados de la consultora financiera de Madrid, sociedad especializada en conseguir subvenciones y préstamos públicos pero cuyo asesoramiento iba mucho más allá de la mera tramitación de ayudas públicas. Aportaban infraestructura societaria ficticia para respaldar estos proyectos y resultar beneficiados con las comisiones obtenidas tras cobrar los préstamos públicos.
Sociedades pantalla y testaferros
Los responsables de esta consultoría colocaban al frente de estas sociedades pantalla a personas de su confianza que actuaban como testaferros, a cambio de una cantidad solo por ser administradores o socios de cada una de las mercantiles.
La Policía de Zaragoza detalla en una nota cuál era la forma de actuar. La consultora se encargaba de solicitar la ayuda pública al Ministerio de Industria, y a su vez, de justificar el gasto frente al propio Ministerio. ¿Cómo lo hacían? Con una facturación ficticia entre la sociedad destinataria del préstamo y las sociedades pantalla utilizando como soporte maquinaria vieja que se encontraba ya instalada en las naves de la mercantil solicitante.
También se han localizado préstamos públicos otorgados a sociedades controladas por los principales acusados. En este caso, las sociedades beneficiarias, tras abonar dos o tres cuotas de la ayuda, dando apariencia de solvencia al Ministerio, eran traspasadas a personas relacionadas y posteriormente concursadas, por lo que la deuda contraída con las Administraciones Públicas nunca se hará efectiva, con grave perjuicio al erario público que esto supone.
Una obtención probada de 20 millones de euros
La operación ha destapado un grupo criminal dedicado a la obtención y justificación de subvenciones y/o préstamos públicos, que tienen como nexo común, director y beneficiados de las ayudas públicas obtenidas a lo largo de todo el espacio temporal en que actúa este entramado, una consultoría en Madrid y a otra en Zaragoza que actuaban de forma coordinada. En total se ha probado la obtención de fondos por 20 millones de euros.
En 2020, en plena pandemia el plan Reindus movilizó 424 millones de euros, según la información del Ministerio, y el 76, 7 por ciento de esos fondos para ayudar a las empresas se destinaron a pymes.
Según explicó entonces el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, «el Programa Reindus es un buen instrumento de apoyo al sector industrial, especialmente a las pymes, sobre todo en un momento tan delicado como el que estamos viviendo por la pandemia. Los resultados demuestran el interés inversor de la industria española y la voluntad del tejido empresarial de sumarse a los objetivos de reindustrialización del Gobierno».
La mayoría de las partidas, sobre el papel se dedicaron a mejora o modificaciones en las líneas de producción. En el caso de la organización las mejoras fueron a embellecer sus casas y a engordar sus bolsillos.
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