La gestora de Ciudadanos maniobra para justificar el cese de dos portavoces críticos
Igea amenaza con presentarse si Arrimadas no cambia el modelo de partido
El 30 de noviembre, día que se constituyó la Gestora de Ciudadanos (Cs), fuentes de la dirección interina recién instituida justificaban su continuismo por su carencia de legitimidad para renovar la jerarquía del partido. Un argumento que cayó por su propio peso este lunes, cuando el órgano que dirige provisionalmente a los liberales nombró a discreción nuevos cargos orgánicos en multitud de territorios.
La reunión de la Gestora en la que se tomó esta decisión se celebró el lunes, cuando la atención mediática del partido la acaparaba su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal , que presentó una iniciativa para garantizar la neutralidad en la elección del fiscal general del Estado. Mientras tanto, la dirección interina de los liberales hacía y deshacía a su antojo.
Los nombramientos se ventilaron con sendos comunicados de prensa a las delegaciones autonómicas y provinciales de los distintos medios, pero en ellos tan solo se hablaba de «completar» las diferentes direcciones de cara a la V Asamblea General de los liberales. En ningún momento se especificaba el cese, también decidido el lunes, de Ignacio Prendes y de Orlena de Miguel como portavoces autonómicos de Asturias y de Castilla-La Mancha, respectivamente.
La Gestora despacha así a dos de los cinco consejeros que votaron en contra de la lista presentada por Manuel García Bofill en el Consejo General del 30 de noviembre. El presidente de la dirección interina, García Bofill, alegó ayer por la tarde en Almería, después de 48 horas de silencio, que la sustitución de Prendes y de De Miguel se efectuó en cumplimiento de los Estatutos del partido.
«Hay personas que no tienen cargo público o que no tienen cargo orgánico y antes lo tenían. Los Estatutos exigen que para ser portavoz has de ser cargo público o cargo orgánico», explicó el presidente de la Gestora. No obstante, la única alusión directa a la composición de los comités autonómicos se halla en el artículo 23.5 de los vigentes Estatutos, en el que se especifica que serán miembros del comité autonómico: «(…) los principales representantes institucionales de la comunidad autónoma hasta un máximo de cinco, un portavoz nombrado por el Comité Ejecutivo y hasta un máximo de cinco miembros nombrados por el Comité Ejecutivo».
El sector crítico
Precisamente, los Estatutos no especifican que la figura de portavoz deba ser cargo orgánico o institucional. En el sector crítico de Cs y en las bases del partido generaron un evidente malestar las destituciones de Prendes y de De Miguel, un movimiento tachado de «declaración de intenciones». Los afectados se enteraron de su cese el martes vía correo electrónico, en un mensaje de «ocho líneas» en el que el secretario general de la Gestora, José Manuel Villegas, que ya anunció su intención de dejar la política después de la Asamblea General de marzo, no les ofreció explicación alguna.
El interés de la Gestora en las portavocías autonómicas reside en que los portavoces regionales tienen derecho a ser miembros del actual Consejo General -que aprueba las ponencias de Estatutos y de Estrategia, en las que se definirán el modelo de partido y sus líneas de actuación- y a ser compromisarios en la Asamblea General. En otras palabras, cuantos más afines coloque la Gestora en estos órganos, más votos tendrá en el congreso de marzo.
De fondo subyace el principal debate instalado ahora mismo en el partido, superado ya el del sistema de votación -la Gestora sí cedió en este caso, y habilitará urnas si lo piden los afiliados y modificará el sistema telemático para que ofrezca más garantías-. En estos momentos, la principal discusión en Cs es si se mantiene el modelo de Albert Rivera, jerarquizado y absolutamente vertical; o si se opta por un sistema más tradicional, con las autonomías ganando más peso y capacidad de decisión.
Por ello se entiende que el primero en reaccionar a los ceses de Prendes y de De Miguel fuese el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. El barón díscolo de Cs es partidario de que los afiliados elijan directamente a los líderes autonómicos, mientras que los miembros más destacados de la Gestora, herederos del «riverismo», son proclives a mantener el modelo de partido para evitar que el discurso de la formación se desvirtúe.
Igea dimitió anteayer de la Secretaría de Programas autonómica a modo de protesta y le siguieron sus homólogos provinciales en Ávila y en Valladolid. Ayer, en una entrevista en la Cadena Ser, fue un paso más allá y amenazó públicamente con presentarse a las primarias frente a Inés Arrimadas si esta no se compromete a modificar el actual funcionamiento de Cs.
Él ya sabe lo que es vencer unas primarias al aparato de Cs -se impuso a la expopular Silvia Clemente en las del famoso pucherazo-, pero tiene complicado repetir gesta contra una candidata que ostenta un respaldo prácticamente unánime. Eso sí, el papel de estos meses de Arrimadas como líder de facto del partido ha provocado que Igea y otros militantes críticos con los que ha podido hablar ABC le soliciten un gesto de condena por una decisión, en palabras de Igea en la radio, «que va en contra de la imparcialidad».
Bal, que no está en la Gestora, protagonizó una defensa cerrada de su portavoz. Según él, ni Arrimadas ni él tenían constancia de los ceses y nombramientos, ni deben tener una opinión al respecto al tratarse de un órgano autónomo. Luis Garicano, otrora cabeza visible de los críticos, se limitó a pedir en Twitter un puesto de responsabilidad en el futuro para Prendes y De Miguel.
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