Garzón y Martín Pallín lideran un manifiesto con más jueces y catedráticos crítico con el Poder Judicial
Denuncian que la nota del Poder Judicial contra el vicepresidente Iglesias supone una «interferencia inadmisible» en un Estado de Derecho y «confunde la independencia judicial» con «la presión corporativa contra una opinión libre»
Baltasar Garzón y José Antonio Martín Pallín , además de otros magistrados eméritos del Tribunal Supremo, han firmado un manifiesto crítico con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apoyado en su lanzamiento por más de 30 jueces y catedráticos, después del comunicado donde manifestaban un «profundo malestar» por las críticas del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias , sobre la sentencia a la diputada autonómica Isabel Serra.
El escrito señala que les parece «grave, muy grave» que el CGPJ «efectúe una 'amonestación' a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno» porque consideran que está «en su legítimo derecho para opinar respecto a una resolución judicial». Al principio del manifiesto, en el primer párrafo, recuerdan y se amparan en el derecho de «Libertad de Expresión» reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española.
Los firmantes denuncian que la nota del Poder Judicial supone una «interferencia inadmisible» en un Estado de Derecho y «confunde la independencia judicial» con «la presión corporativa contra una opinión libre». Además, añaden que el CGPJ «tergiversa» el mensaje en Twitter del vicepresidente al afirmar que establecía una «sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles», lo que, según el manifiesto, es una «una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje».
«Graves errores de paradigma»
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condena a Serra a 19 meses de cárcel e inhabilitación por delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante la participación en un desahucio en Lavapiés, Madrid, en 2014. El vicepresidente Iglesias ha tildado en Twitter la condena de «injusta» y anunció que Podemos la recurrirá.
En este sentido, el manifiesto señala que la sentencia responde a un «modelo irracional de valoración de la prueba». También valoran que la decisión judicial «incurre en graves errores de paradigma probatorio. Y cualquier ciudadano, incluso un vicepresidente del Gobierno, tiene derecho a opinar sobe ello, como por otra parte es una práctica común que se ha venido haciendo elogiosa o críticamente en otros asuntos judiciales sin que, razonablemente, el CGPJ haya juzgado conveniente alzar su voz tonante».
