La fundadora de la AVT, condenada a pagar 6.000 euros al Estado tras denunciarle por negligencia
La fallecida Ana María Vidal, junto a sus cuatro hijas, responsabilizaba al Estado de que dos presuntos asesinos de su marido no pudieran ser juzgados como consecuencia de «negligencias judiciales»
La cofundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ana María Vidal-Abarca , viuda del comandante del Ejército Jesús Velasco Zuazola, asesinato por ETA en 1980, y sus cuatro hijas, han recibido un requerimiento de la Abogacía del Estado para que abonen 6.000 euros en concepto de costas. Ello, después de que la Audiencia Nacional desestimara la demanda patrimonial que habían presentado contra el Estado en 2011 tras constatar, según subrayan, «graves negligencias judiciales que condujeron a que dos de los autores del asesinato del militar no fuesen procesados por este crimen». Ana María Vidal-Abarca, condenada ahora a abonar esta cantidad de dinero, falleció el pasado mes de junio y, para reconocer su coraje en la defensa de las víctimas del terrorismo, el Gobierno le concedió a título póstumo la medalla de la Orden del Mérito Constitucional.
En su demanda, Ana María Vidal-Abarca y sus cuatro hijas señalaban que siempre habían creído que la única circunstancia que había impedido el enjuiciamiento del etarra Lorenzo Ayestarán, «Fanecas» por el asesinato de Jesús Velasco, era que no había sido puesto a disposición judicial, ya que llevaba 27 años residiendo impone en Venezuela.
Lo remató
Sin embargo, cuando fue detenido en Francia en 2010 e iniciaron las gestiones legales para personarse en el procedimiento, comprobaron «con estupor» que Ayestarán no estaba procesado a pesar de que existía un escrito de acusación de la propia Fiscalía contra uno de los autores del asesinato de Velasco, Ignacio Aracama, en el que se sostenía que éste, junto a Lorenzo Ayestarán, y José Manuel Aristimuño, «Pana», habían decidido acabar con la vida de Velasco. El fiscal llegó a decir que fue «Fanecas» quien remató al comandante introduciendo la pistola por uno de los agujeros que habían quedado en el parabrisas de su vehículo y volviendo a disparar , recordaba ayer las hijas.
«Una sucesión de desafortunadas omisiones y negligencias han llevado a Ayestarán a la impunidad más absoluta por unos hechos sobre los que existían clarísimas evidencias acerca de su participación», señalaba la familia Velasco en la demanda. Además, lamenta, el etarra Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», que también participó en el crimen y para quien la fiscalía solicitaba 27 años de prisión, tampoco será juzgado por estos hechos . Ello, porque a pesar de que fue detenido en Francia tres meses antes de la prescripción del delito, se pospuso el trámite por un error gramatical en el apellido y cuando se libró la comisión rogatoria a Francia para interrogarle ya se había producido la prescripción.
La demanda de la viuda e hijas del militar asesinado se desestimó en octubre de 2014, tras casi cuatro años de «periplo judicial», con el «argumento de que no se ha producido mal funcionamiento de la justicia, sino error juidicial», subraya la familia
Impugnación de las costas
Las hijas de Jesús Velasco, que aseguran sentirse «profundamente decepcionadas por el trato recibido por parte de la justicia española, presentarán hoy martes ante la Audiencia Nacional un escrito de impugnación a las costas que les imponen alegando que su reclamación contra el Estado se debe a la «inacción de la Administración de Justicia a la hora de juzgar a unas personas, miembros de la organización terrorista ETA, sobre las que existían indicios fundados» de haber sido autores del asesinato de Jesús Velasco, y que «han quedado impunes por ello».
«La sentencia de la Audiencia Nacional desestimando nuestra demanda simplemente busca resquicios legales para eludir su responsabilidad ya que reconoce los hechos: la no imputación y la no petición de extradición de dos criminales, y solo intenta eximirse de las consecuencias de sus actos. Estamos atónitas ante esta actitud y ante la falta de sensibilidad de pretender que paguemos las costas por haber reclamado al Estado que cumpla con su obligación» , ha manifestado Ana Velasco Vidal-Abarca, hija del militar asesinado por ETA.
Fuentes consultadas por ABC llegan a considerar la decisión de reclamar a la familia del militar asesinado por ETA los 6.000 euros en concepto de costas como «una decisión mordaza». «¿Quién se iba a atrever a recurrir si se expone a que se le duplique este importe».
En 1992 ABC entregó a Ana María Vidal-Abarca un cheque por valor de 500 millones de pesetas, fruto de las aportaciones tras la suscripción popular emprendida por este periódico. Ello, después de que la entonces ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ninguneara una partida económica a la AVT, mientras derrochaba subvenciones a organizaciones de dudosa utilidad pública.
