La Fiscalía del Supremo espera más documentación de Suiza sobre Don Juan Carlos
La documentación ya recibida, pese a estar incompleta, «abre nuevas perspectivas»
El fiscal del Tribunal Supremo a cargo de las diligencias que afectan a Don Juan Carlos, Juan Ignacio Campos, espera recibir más documentación sobre Don Juan Carlos vía Comisión Rogatoria desde Suiza, pues según expone en su informe sobre la querella de Òmnium Cultural contra el anterior Jefe del Estado, esa diligencia «no ha sido cumplimentada en su totalidad».
El informe, difundido este miércoles, rechaza la querella de la organización independentista porque los hechos relatados «no son exactamente los mismos» que se están ya investigando y habrían tenido lugar antes de la abdicación o habrían prescrito.
Sobre las diligencias en curso, explica que «han avanzado desde su iniciación cualitativa y cuantitativamente» y por ello la Fiscalía del Supremo «no debe cesar en la investigación que tiene encomendada».
«La comisión rogatoria solicitada en su momento a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra –pese a que, a día de hoy, no ha sido cumplimentada en su totalidad-, abre nuevas perspectivas, y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento», expone el fiscal.
Conforme recuerda, los hechos objeto de su investigación se «constriñen» a la época posterior a la abdicación de Don Juan Carlos por mandato de la Fiscalía General del Estado, que aprobó un decreto en junio enviando esta investigación hasta entonces residenciada en Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo.
«En el momento presente no resulta posible establecer ni tampoco descartar la participación de Don Juan Carlos en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado. Resulta pues, precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien como es bien sabido, es aforado«, decía aquel decreto firmado por Dolores Delgado.
Este es uno del los puntos de partida para proponer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que rechace la querella de Òmnium, a la que se adhirió Atenes de Juristes pels Drets Civils, que si bien puede «coincidir en su punto de partida y parcialmente con el tenor» de las investigación en curso, «los hechos y periodos investigados en uno y otro 'procedimiento', no son exactamente iguales».
Además, apunta que «resulta evidente que los delitos supuestamente cometidos habrían sido ejecutados con anterioridad al 19 de Junio de 2014, y, por lo tanto, el querellado estaría amparado por la inviolabilidad que la Constitución garantiza al Jefe del Estado».
Añade que «aunque la falta de precisión que se observa en el escrito de querella en orden a la concreta determinación del momento exacto de comisión de los presuntos delitos, y su concreta determinación técnico-jurídica, no facilita un estudio perfecto de los mismos, todo parece indicar que a tales hipotéticos delitos, les sería de aplicación el instituto de la prescripción».
