La Fiscalía, sobre los condenados por los ERE: «Propiciaron y ejecutaron la salida de fondos»
Pide al Supremo que confirme la sentencia de Chaves y Griñán porque «nadie hizo nada en diez años»
«Todos eluden su responsabilidad . ¿Alguien cree que esto es posible en una recta administración? ¿Qué mensaje trasladamos al ciudadano? ». El fiscal del Tribunal Supremo Fernando Prieto se rebelaba contra los argumentos exculpatorios esgrimidos un día antes por las defensas de los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso ERE, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, notificada en noviembre de 2019, consideró probado que «urdieron» un sistema opaco de ayudas –no se publicaban en ningún boletín oficial– a empresas en crisis que causó un «desvío importante» de dinero público: casi 680 millones de euros.
El día anterior, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal , encargada de revisar sus recursos, había escuchado con atención a los abogados defensores solicitando la absolución. Ayer tocaba oír la otra verdad, la de la Fiscalía y la acusación popular, la verdad jurídica que recoge la sentencia que pidieron ratificar.
Más de dos horas emplearon los fiscales Fernando Prieto y Ramón Escobar en desmontar de forma concienzuda la estrategia de defensa desplegada por los acusados para desentenderse de los tejemanejes del fondo de los ERE. Los fiscales no se movieron un ápice de la línea que fijaron en su escrito y rechazaron el papel que se atribuyeron de simples «figurantes». Los acusados, entre ellos dos expresidentes y seis exconsejeros, como Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez , «desde sus puestos estratégicos conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos», proclamó Escobar. «Todo el sistema era prevaricador» y «cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin último» .
Se privó a otras empresas
Como consecuencia, «se desviaron [fondos públicos] a quien no debía recibirlos». «Se orilló la publicidad y se dio paso a la arbitrariedad». Las ayudas fueron a parar «a empresas y trabajadores elegidos por los recurrentes», mientras «se privó a un importante número de empresas y trabajadores que no llegaron a enterarse de que estas ayudas existían».
Para poner en contexto la magnitud del agravio que supuso este programa autonómico de ayudas, conocido como «fondo de reptiles», el Ministerio Público precisó que entre 2000 y 2009, el período que éste funcionó, se tramitaron 5.883 ERE que afectaron a unos 120.000 trabajadores, que no pudieron acceder a ningún tipo de subvenció n. Las ayudas sólo llegaron a 77 empresas y casi 6.000 empleados.
Buena parte de la exposición de la Fiscalía ante el tribunal se centró en echar por tierra la aducida ignorancia de Griñán, condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación, y de su antecesor en el cargo, Chaves, que puede ser inhabilitado nueve años por prevaricar si es ratificada su pena.
Desde 2001 a 2009, los ex responsables políticos fueron avisados de «patentes ilegalidades» sobre el procedimiento de ayudas e hicieron «caso omiso de todos los informes» de la Intervención autonómica. Ésta no alertó de meras «irregularidades», sino de «patentes ilegalidades». Lo hizo con más nitidez en un informe adicional del año 2003 que, según recordó Prieto, «recibieron» tres consejeros, entre ellos Griñán como responsable de Hacienda entre 2004 y 2009, y «nadie hace nada». «No es posible» que «esto pasara durante diez años» y que los acusaron no tuvieran conocimiento de que se estaba empleando un procedimiento de presupuestación, las transferencias de financiación, que estaba «expresamente prohibido para el pago de subvenciones», pero que se implantó en el año 2000 a raíz de los reparos de los interventores para «evitar cualquier tipo de control», precisó Prieto.
Ni un expediente fue legal
«Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplió los requisitos para la concesión de las subvenciones»: «no constan» la solicitud, ni la declaración responsable de la empresa, ni la memoria que acreditara su finalidad pública, «ni la autorización del Consejo de Gobierno» por su cuantía. Tampoco hubo fiscalización previa.
El interventor alertó de que se estaba «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal0», lo que provocaba desfases presupuestarios millonarios porque el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, ya fallecido, daba más ayudas que crédito tenía a su cargo. «No se puede ignorar esto», «no cabe en cabeza humana», expresaba su incredulidad el fiscal. Los fiscales calificaron de «cortina de humo» y «excusas» los argumentos de los condenados, que lo mismo «se escudan en cargos intermedios» que «culpan a la Intervención» de lo que ellos no hicieron. Al final, «nadie asume ninguna responsabilidad». Durante «diez años» , nada menos.
Tras la Fiscalía, cerró la vista el letrado del PP andaluz que ejerce la acusación, Luis García Navarro, quien reprochó a los acusados que su «gran argumento defensivo» sea que «la culpa siempre era del otro». Frente a esta teoría, indicó que la sentencia y los testimonios «demuestran que sólo con el concurso de todos se pudo producir ese ‘gran fraude’, como lo calificó el expresidente Griñán a la salida de su declaración ante este tribunal».
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