La Fiscalía sale en defensa de Villarejo para que el tribunal le deje interrogar
Dos acusados de la pieza Iron asumen la acusación mientras una tercera tacha el encargo de «tomadura de pelo»
La ausencia de un letrado enfermo modifica el calendario
Tras varias accidentadas sesiones de cuestiones previas, el juicio propiamente dicho por tres proyectos de José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes con el inicio de las declaraciones de los acusados. Pero como viene siendo tónica ya en esta vista oral, la quinta jornada ha estado llena de interrupciones hasta finalmente, despegar.
La primera, que la defensa del comisario ha solicitado apartar a todo el tribunal por «falta de imparcialidad sobrevenida» basándose en las contestaciones que le ha venido dando su presidenta, Ángela Murillo, los días previos, con algún que otro comentario cortante. El trámite ha suspendido la vista hasta la tarde para acabar volviendo al punto de partida. La Sala ha inadmitido de plano la recusación por apreciar mala fe y abuso procesal en ella con la venia de la Fiscalía.
Quizá no esperaba el abogado Antonio José García Cabrera que fuera a darse otro rifirrafe con Murillo al reanudarse el juicio como los que él había puesto por escrito para acusarla de parcial. Ya estaba sentada en el banquillo una de las acusadas, María de los Ángeles Moreno, y se dejaba preguntar. Villarejo, que se sienta con toga junto a García Cabrera porque ejerce de codefensor, quería arrancar el interrogatorio pero la presidenta del tribunal se lo ha impedido. «Ya le tengo dicho que sólo uno de los dos», ha zanjado.
Quizá tampoco esperaba la Fiscalía Anticorrupción que en esta sesión habría de situarse de parte del comisario: «Desde su posición de garante de la pulcritud del procedimiento, entiende este Ministerio Público que admitida la posición del codefensor de Villarejo no hay por qué restringir que sea el interrogatorio....».
No ha acabado de enunciar su argumento cuando la presidenta del tribunal le ha recordado que en esta sala, «al alimón, los dos, no». Y aunque el fiscal Miguel Serrano le ha intentado hacer ver que solo interrogaría el comisario -él mismo y su compañero César de Rivas se van turnando-, el tribunal no ha dado cuartel. El mensaje, que el abogado de Villarejo se prepare el interrogatorio y lo pronuncie en la próxima sesión. «Siguiente defensa». Y corre turno.
Con gesto que se intuía atónito, María de los Ángeles Moreno asistía al intercambio. Formaba parte del equipo de Herrero y Asociados, el bufete que contrató a la empresa de Villarejo para espiar a un competidor, Balder IP, que sospechaban le había robado el servidor con la información de todos sus clientes, sobre todo porque el informático que tenían y que guardaba las copias de seguridad en su propia casa, había anunciado que dejaba el trabajo para «montar una churrería en su pueblo» . Y no. Había fichado por la competencia.
El churrero, los 300.000 y la socia que ni sabía ni preguntaba
Lo hacía después de que pasaran por el mismo asiento otros dos socios del despacho, Álvaro Martínez y Mario Carpintero que, a diferencia de ella, han reconocido todos los hechos que recoge el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. A saber: que contrataron a Cenyt, pagaron diluyendo las facturas en diversas áreas para que «no se notara» algo más de 300.000 euros. Que recibieron información sensible a cambio, desde documentos de la Seguridad Social a ofrecimientos de tráfico de llamadas. Hubo espionaje, sí. Y las riendas las llevaba Francisco Carpintero, socio mayoritario y administrador del despacho y que no comparece de momento porque está recién operado.
Pero un matiz muy relevante, dadas las circunstancias, en el que incidieron los dos. Aseguran que Villarejo hablaba de su papel como comisario siempre en pasado. Lo reconocen todo menos haber tenido conocimiento de que él seguía siendo policía.
Y ella ha ido también en esta línea, aunque con más matices, porque al final, fue la persona que por indicación de su hermana -recepcionista en una notaría y con un pasado como investigadora privada- habló por primera vez en Herrero y Asociados de las empresas de Villarejo. Ha intentado quitar importancia a este asunto, no así a su papel en el bufete. Se ha descrito como socia «minoritaria y empleada», es decir, que aunque hubiese estado en «ocho o nueve» reuniones con Villarejo, su abogado Rafael Redondo, y los socios implicados del despacho, no tenía «poder de decisión» ni se enteró de la mayor parte de lo ocurrido «hasta verlo en la causa».
Ahora, leído el sumario, vierte una conclusión: «Creo que nos tomaron el pelo». Y se basa en que les contaron cosas como que «tenían un topo en Balder» o en que manejaban información haciendo ver que la habían obtenido de sus fuentes cuando en realidad, se la habían proporcionado los propios socios del despacho y ellos la maquillaban para hacerla pasar por nueva. En definitiva: «Se inventaban historias».
Si hubo alguna documentación ilegal, a ella no le consta. Lo decían en su presencia pero no veía los papeles. «Cuando dice que ha facilitado el 347 o los listados de la Seguridad Social, que no sé si lo dice, a mi me lo está diciendo pero yo no tengo la certeza de que eso sea así, puede ser verdad o puede ser mentira ». También le dijo que había sido policía en el pasado pero eso, Ángeles Moreno no lo cuestionó «por su condición física, un señor de una determinada edad, no me parecía que pudiera seguir en activo».
Si Villarejo, que a ratos se revolvía en la silla, tenía previsto preguntarle por ese comentario, esta vez no ha podido ser. Ni «al alimón» ni en solitario. Tendrá que hacerlo su abogado.
Las sesiones se reanudan el martes.
