La Fiscalía quiere cerrar la causa por el 8-M mientras el forense ve una «hecatombe» predecible
Afirma, como la Abogacía del Estado, que la juez no tenía «habilitación legal» para investigar en pleno estado de alarma
La pericial forense dice que Illa, Simón y Franco conocían perfectamente los riesgos desde febrero
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido el archivo de la causa sigue el Juzgado de Instrucción número 51 por la posible prevaricación en que habría incurrido el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, al permitir manifestaciones masivas como la del Día de la Mujer pese al avance del coronavirus.
En dos escritos presentados al juzgado este lunes, pide el cierre del asunto por «inverosímil» y se alinea con la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Franco, al criticar el modo de obrar de la juez Carmen Rodríguez-Medel, de quien dice que no tenía «habilitación legal» para instruir estando los plazos judiciales suspendidos por el estado de alarma.
Entretanto, el forense adscrito al juzgado, Julio Lorenzo Rego, ha presentado su informe ampliatorio de conclusiones, según el cual el Gobierno vio venir «la hecatombe sanitaria» ya en febrero y pese a ello, no se prohibieron las protestas.
Fiscalía y Abogacía cargan contra la juez
El recurso de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial se dirige contra el auto por el que la magistrada abrió la investigación el 23 de marzo y comenzó a practicar diligencias. Si bien ni el principal imputado ni los testigos han prestado aún declaración, pide ya el archivo esgrimiendo un doble argumento. Por un lado, que no hubo resolución alguna por parte del delegado del Gobierno de la que se pueda predicar legalidad o ilegalidad , como tampoco hubo una orden superior expresa que vulnerase a conciencia. Por otro, que no tiene competencias en materia de Sanidad, por lo que no es exigible que prohiba un evento por criterios sanitarios.
En cuanto a lo que sabía o dejaba de saber sobre el peligro del coronavirus en la primera quincena de marzo, la Fiscalía alega que tanto la circular del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades del 2 de marzo como las directrices de la Consejería de Sanidad de Madrid fechadas el día 5 eran «recomendaciones» y recuerda que la OMS no decretó la pandemia hasta el día 11.
«Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil », concluye.
El Ministerio Público pide que se cierre la causa pero también que se declare su nulidad. En un segundo escrito, apoya a la Abogacía del Estado, que defiende a Franco y dice que la juez «carecía de habilitación legal» para iniciar la causa bajo el estado de alarma y que su proceder «vulneró la tutela judicial efectiva». De hecho, en un recurso adelantado en la noche del lunes por El País, la Abogacía acusa a la juez de emprender una «búsqueda voraz de indicios de delito».
"Un tsunami se predice"
Entretanto, la pericial forense llegada al juzgado concluye que el Ministerio de Sanidad contaba ya el 25 de febrero con un «alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria» y es más: «Se sabía cuáles eran las medidas a adoptar para evitarlo».
«Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir», dice el informe, que incide en que para un epidemiólogo, «impredecible no es».
En esta ampliación de la pericial que le requirió Rodríguez-Medel, el forense, tras analizar la cronología de los hechos y la documentación generada por el Gobierno concluye que «la situación era conocida a la perfección por todos los intervinientes, tanto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa: como por la directora General de Salud Pública, Pilar Azcárraga, el responsable del CCAES Fernando Simón y el propio José Manuel Franco», así como por la Comunidad de Madrid. Apunta que «
"Nos lo advirtieron"
Recuerda que el Centro Europeo «lo advirtió claramente» ya el 2 de marzo, que el Gobierno tomó la «inteligente decisión» de «intentar preservar a los sanitarios» para que estuviesen disponibles cuando llegase la emergencia y que la propia Delegación del Gobierno dio instrucciones a sus trabajadores ya el 28 de febrero para protegerles. Sin embargo, se dejó a la «población indefensa» al no prohibir las manifestaciones.
Respecto al riesgo en estos eventos, insiste en que «el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí» pero «el contagio es grande, aunque sea al aire libre, por el mecanismo de transmisión» de esta patología.
«A finales de enero de 2020 había un adecuado conocimiento de la situación. Quizá se minimizara el riesgo que entrañaba creyendo o diciendo que era como una gripe», añade, para centrarse en la Delegación: «Debería haber suspendido las (marchas) convocadas y no haber autorizado las nuevas desde el 28 de febrero para dar a los ciudadanos la misma oportunidad de preservar su salud que a los trabajadores».
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