La Fiscalía pide el archivo de la causa contra tres altos cargos de Sánchez por la compra de mascarillas
Considera que la querella de Vox sólo contiene «meras conjeturas» y el Tribunal de Cuentas ya avaló las contrataciones
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al juzgado de Instrucción número 26 que archive la querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno por irregularidades en la compra de material sanitario , porque entiende que no se han concretado de manera «suficiente» los indicios mínimos para seguir adelante con la investigación. Recuerda que el Tribunal de Cuentas fiscalizó los contratos denunciados.
En opinión del Ministerio Público, la querella, por la que ya prestaron declaración el Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, se sustenta en «meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis».
Vox sostenía que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de «dudosa» existencia puesto que solo se conocía una denominación social.
Para la Fiscalía, la querella aporta «conjeturas» y no concreta «qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones», una falta de concreción que no justifica investigar los hechos por razón de su importancia y notoriedad «por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica».
Asimismo, el escrito de la Fiscalía analiza la normativa vigente en el momento de los contratos del INGESA, entre los meses de marzo y abril de 2020. Recuerda que ante el hecho «notorio» e «incuestionable» de la pandemia «hubo que adaptar la forma de contratar» y remite al análisis de los contratos de esta entidad pública que hizo el Tribunal de Cuentas para llegar a la conclusión de que «fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa».
Por otra parte, precisa que en lo que se refiere a los contratos recogidos en la querella, «la documental aportada por la Abogacía del Estado, aportando los expedientes administrativas y apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conllevan a instar también el sobreseimiento y archivo de la investigación penal».
Fiscalizados por el Tribunal de Cuentas
Por último, el escrito de la Fiscalía alude a la participación de los tres querellados en los hechos denunciados . Para el representante del Ministerio Público resulta «relevante» la declaración que en sede judicial hizo el director de INGESA quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, «donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases».
En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, recuerda que la primera de ellas asumió el cargo de órgano de contratación respecto del INGESA durante cinco días «sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa».
Respecto a la segunda « nada se ha podido acreditar , ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal».
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