La Fiscalía pide archivar la causa contra 5 de los 6 policías que entraron en el piso de Lagasca
Mantiene la acusación contra el jefe del operativo que derribó la puerta ante la negativa reiterada de 14 personas que estaban de fiesta en el interior de la vivienda durante el segundo estado de alarma
La Fiscalía ha solicitado hoy que se archive la causa contra cinco de los seis policías acusados de entrar ilegalmente en un piso de la capital donde varias personas celebraran un fiesta el pasada 21 de marzo, cuando seguían vigentes restricciones de reunión durante el segundo estado de alarma. Sin embargo, mantiene la acusación contra el subinspector que dirigía el operativo como máximo responsable del mismo.
Esa es la principal novedad de la vista que se ha celebrado esta mañana en el Juzgado de Instrucción Número 28 de la Plaza de Castilla, donde han comparecido los seis agentes defendidos por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Abogacía del Estado, así como el abogado del supuesto propietario del piso de la calle Lagasca, donde una mujer mantuvo una discusión con los policías desde el interior y sin abrir la puerta. Tras 20 minutos y una treintena de advertencias, el dispositivo policial recurrió a un ariete para irrumpir en el inmueble, donde encontró 14 personas que fueron sancionadas y nueve de ellas detenidas por desobediencia, pero la propia Audiencia Nacional archivó esa otra causa.
El informe de la Fiscalía es importante pero no vinculante para que la Justicia decida finalmente si procesa a los agentes y a cuántos de ellos por un delito de allanamiento de morada y subsidiariamente contra la inviolabilidad del domicilio, como pide la acusación, lo que podría conllevar penas de hasta dos años de cárcel. En ese caso, se resolvería en un juicio con jurado popular en la propia Audiencia madrileña.
Va para largo: más testigos
Ambas partes han pedido más diligencias, entre ellas que comparezcan como testigos los vecinos del piso que dieron aviso de esa fiesta, algunas personas que estaban dentro y que, según la defensa de los policías, pudieron ser coaccionadas para resistirse en contra de su voluntad y las que firmaron el contrato de alquiler en el que se apoya la acusación para demostrar que se trataba de un domicilio habitual.
El portavoz nacional del SUP, Carlos Morales, se ha mostrado «feliz y contento» por la petición de la Fiscalía que exime a cinco de sus seis compañeros y ha añadido que «por fin se hace Justicia en los juzgados y no en los platós de televisión», aunque reconoce que la causa se prolongará con esas nuevas declaraciones. Por su parte, el abogado de la acusación, Juan Gonzalo Ospina, considera «un éxito de la democracia haber llegado hasta aquí para determinar si se ha vulnerado un derecho fundamental».
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