La Fiscalía pide 25 años para Junqueras; el Gobierno, 12
El Ministerio Público describe el «procés» como un levantamiento «salpicado de fuerza y violencia», mientras la Abogacía del Estado solo ve «incidentes contra el orden público»
El giro de la Abogacía, que depende del Ministerio de Justicia, compromete la imagen de España porque se alinea con las tesis de Alemania y Bélgica o Escocia
La contundencia y coherencia de la Fiscalía –que calificó ayer de rebelión el plan secesionista ilegal, en un duro escrito de acusación– ha retratado la claudicación del Gobierno de Pedro Sánchez ante los independentistas. El Ministerio Público acusa por el delito de rebelión a nueve líderes del «procés», mientras la Abogacía del Estado –dependiente del Ministerio de Justicia– solo aprecia sedición y malversación . Este movimiento, más allá del guiño a los partidos soberanistas, compromete la imagen internacional de España, que todavía no ha conseguido traer a los investigados fugados.
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Ambas tesis dibujan dos interpretaciones antagónicas sobre los mismos hechos. La Fiscalía, que solicita un total de 177 años de cárcel, describe el plan secesionista como «un levantamiento generalizado , salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia» con el objetivo de alcanzar la secesión catalana por las vías ilegales. La Abogacía del Estado, en cambio, califica la actuación de los independentistas solo como unos «incidentes contra el orden público» o como «una actitud hostil».
Mayor pena para Junqueras
Esa cuestión –la existencia o no de violencia– será la esencia del juicio. Con sus tesis, la Abogacía se sitúa al lado de Alemania y Bélgica, enfrente de las tesis del Ministerio Público y del juez instructor, Pablo Llarena. Aunque la petición de penas suma un total de 116 años y medio, la Abogacía se aleja conceptualmente del relato de defensa del Estado que ha abanderado la Fiscalía. La veteranía y determinación de los cuatro fiscales del caso han sido decisivas ante las tentaciones de presión.
La condena solicitada por la Fiscalía para Oriol Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat, es la más elevada de todas por su condición de líder de la rebelión, como ya adelantó ABC . El Ministerio Público solicita 25 años de cárcel para Junqueras por rebelión agravada, un delito que absorbe la malversación. El mismo delito recae sobre los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes pide 16 años de cárcel. A ellos no les considera líderes, sino mandos subalternos.
Una pena mayor que la de los «exconsellers» es solicitada, sin embargo, para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los agitadores del independentismo en las calles Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La Fiscalía les considera responsables de un delito de rebelión en condición de jefes principales, pero no les acusa del desvío de dinero público porque no fueron gobernantes. Solicita para ellos 17 años.
Para el «arrepentido» Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, reclama una pena de 7 años por malversación y desobediencia grave. Cinco miembros de la Mesa del Parlament y la diputada de la CUP Mireia Boya solo se enfrentan a multas por desobediencia. Para todos los acusados pide la inhabilitación política durante largos periodos.
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La Abogacía, que hace apenas tres meses pidió abrir juicio por rebelión –y ahora acusa por sedición– , solicita 12 años para Junqueras, 11 y medio para los cinco exconsejeros, 10 para Forcadell y 8 para «los Jordis», paradójicamente casi los mismos años (7) que para Vila, Borrás y Mundó por malversación y desobediencia.
En el relato de hechos, el Ministerio Público describe una estrategia delictiva que pivotó sobre tres vértices: el poder parlamentario, encabezado por Forcadell; el Ejecutivo, con los antiguos gobernantes liderados por Carles Puigdemont y Junqueras; y las movilizaciones callejeras, lanzadas y controladas por «los Jordis», como dirigentes de la ANC y de Òmnium . Desde los tres frentes, los líderes del «procés» buscaron «orillar la aplicación de la ley» y las resoluciones judiciales para obligar al Estado a «aceptar» la secesión catalana a través de la fuerza, «que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron, poniendo en grave peligro el orden constitucional».
Para lograrlo, y al asumir la violencia como un medio necesario, los responsables del plan ilegal se valieron «de la fuerza intimidatoria» que representaban tanto «la actuación tumultuaria» de las movilizaciones como la disposición de los Mossos d’Esquadra, plegados a los designios políticos.
«Violento enfrentamiento»
Según la Fiscalía, los episodios de violencia tuvieron lugar el 20 de septiembre de 2017, cuando una masa de militantes asedió a la Guardia Civil en la Consejería de Economía , y el 1 de octubre en el referéndum ilegal. Los acusados decidieron «celebrar a toda costa» la citada jornada, a pesar de que los mandos de los Mossos alertaron tres días antes del riesgo de violencia. «El violento y agresivo enfrentamiento propiciado por la masa de personas congregadas en los diversos colegios electorales, que actuaron a modo de muro humano, incluyó actos de agresión causantes de lesiones, lanzamiento de objetos, vallas metálicas y piedras, insultos, y resistencia grave al cumplimiento del mandato judicial por las fuerzas policiales», explica.
El Ministerio Público manifiesta que los brotes violentos continuaron a través de «escraches» a la Guardia Civil y la Policía Nacional –cuya actuación se precipitó el 1-O por la inacción de los Mossos– y hostigamientos, así como cortes de carreteras o barricadas. En la descripción de «las casi 16 horas de asedio» del 20-S, la Fiscalía destaca la incitación de «los Jordis». Recuerda que Cuixart «apeló a la determinación mostrada en la Guerra Civil (empleando la expresión ¡no pasarán!) y retó al Estado» a incautarles el material del 1-O.
En los pasos ilegales de los ex gobernantes catalanes, el escrito incluye todos los actos de disposición de fondos públicos para la preparación y celebración del referéndum ilegal. La Fiscalía cifra el gasto total en 2,83 millones de euros; la Abogacía, en 1,9.
La Fiscalía alega que la declaración de independencia del 27 de octubre no fue simbólica y ensalza el discurso del Rey del 3 de octubre, en el que el Jefe del Estado ejerció «como garante del orden constitucional» . Y, aunque alude a incumplimientos al TC ya en 2013 y 2014, ubica la formalización del concierto «de actuación ilegal» el 30 de marzo de 2015, cuando la antigua Convergència y ERC firmaron la hoja de ruta hacia la independencia con las entidades soberanistas. La Abogacía del Estado se remonta a 2012, cuando Mas acordó con ERC lanzar una consulta.
Las acusaciones pueden variar sus tesis al final del juicio, tras la práctica de las pruebas. El trámite de los informes será decisivo para convencer a los siete magistrados de la Sala Penal del Supremo, que tendrán la última palabra en la sentencia que resolverá qué sucedió en Cataluña. El fallo se prevé para junio; el juicio, la hora de la verdad para la batalle de argumentos, para enero.
